El paquete de ayudas que el Govern pondrá en marcha para compensar las pérdidas de aquellos negocios obligados a cerrar por las restricciones ha contado con un visto bueno "a medias" por parte de los afectados.
Tanto Pimem como Restauración CAEB valoran el esfuerzo del Govern, aunque dudan que pueda reactivar el sector, entre otras cosas porque han quedado sobre la mesa reivindicaciones como las condonaciones y aplazamientos de pagos de Seguridad Social y cuotas de autónomos, que suponen un grave lastre después de tantos meses de crisis y el nuevo cierre de los locales. Las patronales piden que el Govern se comprometa a presionar a Madrid en este aspecto o asuma las exoneraciones adelantando una compensación.
El elemento discordante en esta ecuación, sin embargo, lo representan los convocantes de la gran manifestación que se produjo el pasado martes, que sacó a 4.000 personas a la calle y que contribuyó a acelerar la toma de decisiones por parte del Govern. Miembros de la plataforma convocante se han apresurado a cuestionar la validez de las medidas -con calificativos como "tomadura de pelo" o "intento de callar la boca"- afirmando que las ayudas arbitradas podrán paliar la situación de pequeños locales con sólo un autónomo, pero nunca la de negocios que tengan varios empleados por cuenta ajena.
En ese sentido, anuncian nuevas movilizaciones, conscientes de que han puesto en un serio brete al ejecutivo de Armengol, quien se ha visto presionada incluso por los propios socios de Gobierno para que se adoptase un plan de rescate. Habrá que estar pendiente de las fórmulas elegidas por este colectivo para llevar el descontento a la calle de una forma visible, tendiendo en cuenta que ya en la concentración del pasado martes se saltaron una prohibición expresa de la Delegación del Gobierno, llegando a concentrar a centenares de personas en plena ola de contagios.
El Govern calcula que su plan moviliza más de cien millones de euros en un momento muy difícil para las arcas de la Hacienda autonómica. Y avisa que no tiene mucho más margen. La opción alternativa debería pasar por requerir a Madrid la adopción de medidas compensatorias que permitan a Baleares, no sólo dar respuesta a los sectores clausurados por la enfermedad, sino sobreponerse en conjunto a la tremenda crisis económica que ha provocado la pandemia en esta comunidad, mucho más perjudicada que el resto de autonomías por la caída de la actividad turística. Al fin y al cabo, la mejor forma de apagar las protestas es garantizando la continuidad de los puestos de trabajo y el bienestar común.