Los fiscales de Madrid apuntan al inicio del escrito, al que ha tenido acceso mallorcadiario.com, que "la verificación de la culpablidad y la decisión de absolución" -en cuanto a que el magistrado sobresee los delitos más graves para Penalva y Subirán y sólo observa el de revelación de secretos- "exige la celebración del Juicio Oral". Todo, en virtud del principio por el que quien instruye no pueda juzgar, como recoge el Tribunal Constitucional.
Los representantes del Ministerio Fiscal recuerdan, además, que la Audiencia de Palma en un auto de febrero de 2012 aseveraba que es suficiente para acordar la continuación del procedimiento "que exista una apariencia delictiva y que la imputación no se asiente en un absoluto vacío que aconseje el archivo".
Y según Anticorrupción, indicios de delitos más allá del de revelación de secretos, hay de sobra.
El hecho de mayor gravedad sobre el que existen mayor número de sospechas sería la prisión de Antoni Roig y Antonio Ramis en el marco del Caso IME.
Para los fiscales, los investigados habrían pospuesto diligencias de investigación para poder justificar la existencia de motivos legales para acordar la prisión, habrían mantenido a Ramis detenido "tras no acceder al propósito de los investigados" y habrían presionado a Roig "para que declarara en determinado sentido".
Entre otros, se fundamentan en el contenido del chat Sancus -en el que participaban juez, fiscal y antiguos policías de Blanqueo- y que mostraba "la decidida y premeditada decisión de enviar a prisión a Antonio Roig y Antonio Ramis sin que existiese un presupuesto que exige la ley para acordarla".
En cuanto al Caso ORA, Anticorrupción observa la utilización por parte de Penalva y Subirán de la detención como herramienta de presión para conseguir testimonios incriminatorios. "La comprobación de la ilegalidad se comprueba en que los detenidos no fueron interrogados por su conducta ni por su actuación. Se les exigía que declarasen contra otras personas. Si esa era la finalidad ¿para qué habían sido detenidos y no llamados como testigos?", especifican en el escrito.
De hecho, los representantes de Anticorrupción subrayan que España es un Estado de Derecho y uno de los pilares del mismo es la libertad. Por ello, recuerdan que la detención no es una herramienta válida en todos los escenarios -no lo sería con los afectados de esta pieza- y, como señala una sentencia del Supremo de 1996, "bastaba con citarlos como querellados pero no cordar contra ellos (...) ninguna medida cautelar de privación de libertad, ni la detención ni la prisión provisional".
Además, los fiscales afean que el caso partiese de "un testimonio extremadamente endeble" por parte de un individuo que posteriormentes sería declarado testigo protegido.
Asimismo, cargan contra la actuación de Penalva y Subirán en lo referente al expolítico del PP, Álvaro Gijón, ya que consideran que "el verdadero objetivo de las acciones de los investigados era incriminarlo". Se basan en lo declarado por el funcionario Miguel Ángel Femenía, el empresario Antoni Roig y la testigo protegido 31, la Madame.
Al primero, Penalva y Subirán le habrían prometido pasarle de imputado a testigo si seguía órdenes y al segundo uno de los policías de Blanqueo le visitaba a diario -mañana y tarde- en los calabozos para decirle que "tenía que acusar a Gijón".
En cuanto a la Madame, los fiscales aseveran que la famosa agenda "es inventada" y el fiscal y el magistrado instructor tenían conocimiento de ello. De hecho, consideran que existen indicios que sostienen lo declarado por la Madame en el TSJIB de que hubo "una elaboración falsaria siguiendo pautas dictadas o sugeridas por otros".