El Grupo Parlamentario Popular, a través de la diputada Nuria Riera, ha presentado este viernes una Proposición No de Ley en defensa de la educación de calidad en España y en contra de la reforma educativa que está llevando a cabo el Gobierno central, "que en ningún caso ha sido consensuada con el sector educativo, ni se ajusta a sus necesidades".
En un comunicado, Riera ha explicado que buscan "proteger la educación concertada, los centros de educación especial, que se mantenga la demanda social para que los centros puedan crear plazas en función de que los padres demanden un determinado modelo educativo para sus hijos, que se respete la libertad de las familias para elegir el modelo que consideren, que se respete la doble red pública y concertada y que el castellano siga siendo la lengua vehicular en los centros educativos, en el caso de Baleares junto al catalán propio de las Islas".
"Estamos en contra la tramitación de una ley sectaria por parte del Gobierno central, que no es más que una moneda de cambio para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que se está tramitando sin el consenso de la comunidad educativa y de espaldas a las necesidades de las escuelas, las familias y los niños", ha dicho la diputada.
La iniciativa del PP insta al Gobierno a garantizar la existencia de distintos modelos educativos para que las familias puedan ejercer su derecho a elegir en libertad el tipo de educación que quieran para sus hijos, protegiendo el sistema de conciertos educativos, "como instrumento que actualmente garantiza que ese derecho a la libre elección de las familias puede ejercerse en igualdad de condiciones, con independencia del nivel socioeconómico de éstas".
Además, piden mantener el concepto de demanda social como base para garantizar la libre elección de centro educativo, salvaguardando la autonomía de los centros para desarrollar su proyecto educativo según su carácter propio y garantizando la no discriminación del alumnado en función del tipo de centro que su familia, en el ejercicio de su derecho fundamental, haya escogido, así como garantizar expresamente el derecho que asiste a las familias con hijos con necesidades educativas especiales, a decidir si escolarizarlos en aulas ordinarias, en aulas específicas dentro de los centros ordinarios o en centros específicos de educación especial.
La PNL del PP también insta al Gobierno central a garantizar el cumplimiento del artículo 3.1 de la Constitución, que recoge que "el castellano es la lengua española oficial del Estado" y que "todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla" y a retirar el proyecto de reforma educativa conocido como LOMLOE, por haberse planteado "sin consenso ni diálogo con la comunidad educativa y por provocar división social", y abrir un proceso de diálogo con la comunidad educativa, con los agentes sociales y con las distintas fuerzas políticas que promueva y posibilite la consecución de un gran Pacto de Estado por la Educación.
Por todo ello, Riera ha pedido a todos los grupos parlamentarios con representación en la Cámara balear que "se sumen a este rechazo y que pidan al Gobierno de Pedro Sánchez que tramite una ley igualitaria, plural y que defienda una educación de calidad para las Islas".