En un recurso remitido al Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, la Fiscalía descarta que el delegado del Gobierno haya incurrido en algún tipo de responsabilidad penal al no prohibir la celebración de la marcha del 8M.
La jueza abrió la causa contra José Manuel Franco a instancias de la denuncia de un abogado particular. Ahora, en su escrito, la Fiscalía Provincial reprocha a Rodríguez-Medel que ordenase investigar un presunto delito de prevaricación sin concretar en qué habría consistido exactamente la irregularidad cometida por el representante del Gobierno central en la Comunidad de Madrid.
Ya con anterioridad, la Abogacía del Estado había criticado la actuación de la jueza al entender que, en el momento en que se produjeron los hechos, no existía ninguna resolución legal o gubernativa a la que el delegado del Gobierno debiera haberse atenido para no autorizar la marcha.