Aprobado el pasado 7 de abril, el citado decreto ley recoge medidas urgentes para poder garantizar la producción de cara a las próximas campañas agrícolas, que necesitan entre 75.000 y 80.000 trabajadores, así como el abastecimiento.
Así, permite compatibilizar a los desempleados las tareas del campo, desarrolladas en su término municipal o colindantes, con la prestación por desempleo, subsidio agrario o una renta agraria.
También permite acceder a estos trabajos aquellas personas migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones.
Igualmente, pueden acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular, que tengan entre 18 y 21 años, a los que se facilitará el permiso de trabajo para incorporarse a estas tareas en el campo.
Quedan excluidos de poder compatibilizar tareas del campo y prestaciones sociales aquellos trabajadores vinculados a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicado por el coronavirus y por la disminución de actividad vinculada a trabajadores por cuenta ajena, al tener ya una financiación y cobertura propia.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación justificó la aprobación de este decreto ley para asegurar el abastecimiento y evitar un incremento de precios, ante la falta de mano de obra, ya que si no se efectuara la recogida de productos disminuiría la oferta a los mercados, el abastecimiento y afectaría a los precios.
Según especificó el titular de este departamento, Luis Planas, los contratos se efectuarán por escrito, con un salario recogido en el convenio o Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a través de transferencia bancaria.