Bolivia recupera lentamente la normalidad tras el acuerdo entre el Gobierno provisional encabezado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez y Movimiento al Socialismo (MAS), el partido liderado por su antecesor en el cargo, Evo Morales, actualmente exiliado en México.
El pacto ha permitido desbloquear el suministro de gas y combustible en La Paz y otras ciudadades bolivianas, así como el acceso a alimentos de primera necesidad, como pan, leche, huevos y carne.
Igualmente, los compromisos asumidos por el Ejecutivo de Áñez han hecho posible pacificar la situación en las zonas más calientes del país. Uno de los puntos neurálgicos del conflicto son los alrededores de la planta de hidrocarburos de Senkata, donde 9 personas murieron el pasado viernes tras la intervención de las fuerzas policiales y militares desplegadas por el Gobierno boliviano.
Las víctimas estaban participando, junto a centenares de activistas, en el bloqueo de la planta, circunstancia que ha generado graves problemas de abastecimiento de combustible en el país que, en las últimas horas, se van resolviendo progresivamente.
A cambio de que los activistas hayan permido la normalización de la actividad en la planta, el Gobierno provisional ha debido asumir diversos compromisos, como el pago de indemnizaciones económicas a los familiares de las víctimas de los disturbios del viernes, el repliegue de las fuerzas armadas en la zona, y la renuncia a perseguir a los líderes sindicales y ciudadanos que han encabezado y promovido las protestas.
El acuerdo entre Gobierno y oposición fija la convocatoria de nuevas elecciones tras los fallidos comicios del pasado octubre que han provocado la actual crisis política en Bolivia, la huida de Morales a México y la autoproclamación de Áñez. El consenso pasa por impedir que Evo Morales participe en la futura consulta electoral.