Según el escrito del Ministerio Fiscal, estuvieron ejerciendo esta actividad entre enero y abril de 2018.
Les acusa de varios delitos contra la salud pública y les pide pena de entre cinco años de cárcel y dos años y seis meses por estos hechos.
La mayor pena es para I.R.V., al que la Fiscalía le pide una pena de cárcel de cinco años y seis meses de prisión y una multa de 26.784 euros.