La operación de la Guardia Civil en una treintena de bazares chinos de Mallorca ha vuelto a poner de relieve la facilidad con que se pueden llegar a comercializar productos falsificados, adulterados o perjudiciales para la integridad física de las personas. En la operación se han inmovilizado más de 5.000 productos que no cumplían la normativa de Consumo y se han incautado otros 100.000 que estaban almacenados y que disponían de documentación falsa.
En este caso, el objetivo han sido bazares chinos pero operaciones policiales de este tipo se producen periódicamente con todo tipo de comercios, especialmente en polígonos, con resultados no muy diferentes. El trámite judicial que sigue a estas operaciones suele concluir con expedientes sancionadores resueltos mediante multas y la destrucción del material incautado. Afecta a productos de todo tipo; desde alimentos a perfumería, pasando por complementos de moda o artículos pirotécnicos, como ha sido el grueso de esta última operación.
Este tipo de comercio fraudulento supone, por una parte, una competencia desleal para el comercio tradicional y las marcas legalmente establecidas, que ven cómo sus productos son falsificados con imitaciones de baja calidad destinadas a ser vendidas a bajo precio -de la misma manera que ocurre con el top manta-; por otra parte, determinados productos pueden conllevar, además, un riesgo para la salud de quienes los compran o consumen.
El desconocimiento de muchos consumidores alimenta este tipo de prácticas, aunque otros muchos contribuyen a su proliferación, conscientes de que se trata de productos falsificados o adulterados. Si las operaciones policiales son necesarias, tampoco sobraría exigir una parte de responsabilidad a este tipo de consumidores. El cerco a este tipo de prácticas puede empezar por acciones de carácter meramente individual.