La retirada, transporte y tratamiento de escombros es una actividad perfectamente regulada en nuestra comunidad, pero que a menudo es objeto de prácticas irregulares cuando no rayanas con el delito medioambiental. El último caso que ha trascendido, publicado este lunes por mallorcadiario.com, es el de la empresa Sacas de Mallorca, denunciada por MAC Insular por tirar escombros en contenedores públicos, almacenarlos en una vivienda privada o mezclarlos con tierras en una cantera. La empresa hace negocio contraviniendo las más elementales formas de protección del medio ambiente.
MAC Insular, sociedad que por concesión tiene en exclusiva la gestión de los residuos de obras en Mallorca, tiene detectada esta irregularidad desde 2015 y así lo hizo saber a las administraciones competentes. Emaya recabó la información y se la trasladó a la Conselleria de Medi Ambient, que aún no ha decidido cómo atajar el asunto.
Es un caso de los muchos que cualquier ciudadano de la comunidad podría relatar. Es habitual ver escombros de obra en solares, cunetas o fincas, abandonados sin seguir el mínimo protocolo de retirada y tratamiento preceptivo. Actuar con lentitud en la identificación y sanción de este tipo de actuaciones contribuye a que se acaben observando como una práctica normal, una práctica que queda impune y que, por entenderse como algo normal, acaba extendiéndose cada vez más.
En algunos casos el mal ejemplo proviene de la propia administración. El Ayuntamiento de Palma, sin ir más lejos, ha sido denunciado por los vecinos de Es Fortí por enterrar escombros y restos de obra del antiguo canódromo en plena "falca verde" de Palma. Los vecinos señalan que funcionarios municipales están usando cascotes y estructuras procedentes de los derribos, incluidos forjados de acero, para rellenar la zona que debe constituir un gran bosque urbano. La acción incumple toda norma de tratamiento de residuos y supone un riesgo para la futura estabilidad del terreno, lo que sorprende especialmente por tratarse de una institución pública como es el Ayuntamiento de Palma.
La administración debería dar ejemplo y ser la primera en cumplir con la normativa vigente. Se trata de concienciar a la sociedad de que existen buenas prácticas que no comprometen el medio ambiente. Y, de comprobarse una actuación ilegal, aplicar toda la dureza de la legislación que ya existe para sancionar a los ciudadanos, a las empresas o a la propia administración, si es el caso, para erradicar estas acciones.