Desde cualquier punto de vista político, es imposible que la reunión entre Pedro Sánchez y Francina Armengol del próximo miércoles se sustancie sin un acuerdo que garantice la aprobación de un régimen fiscal especial para Baleares. Curiosamente, el cambio de Gobierno en Moncloa vino a enfriar una negociación que prácticamente se daba por cerrada con el ejecutivo de Rajoy y se ha especulado mucho sobre si se podría cerrar un acuerdo satisfactorio antes de acabar el año. Incluso un habitual receptor de las filtraciones informativas del Consolat, como es un conocido diario de Mallorca, llegó a afirmar hace unos días que Moncloa congelaba el REB para disgusto del Govern. Pocos son los que siguen creyendo esta posibilidad y cada vez son más los que consideran que no se ha tratado más que de fuegos artificiales que ayudarán a hacer más efectista el anuncio de la presidenta balear.
No firmar un REB, independientemente de que posteriomente se analice si sus fondos son suficientes o no, no interesa a ninguna de las partes y significaría entregar la campaña electoral de mayo ya hecha a los adversarios de la socialista. El Gobierno central que ha incorporado a su proyecto de presupuestos para el 2019 una larga lista de mejoras millonarias y subidas de todo tipo, aunque tenga que asumirlas vía modificación del presupuesto actual prorrogado y sorteando el escrutinio de la Comisión Europea, no puede dejar a la intemperie a la presidenta balear. Firmar un régimen especial para Baleares no es un esfuerzo extraordinario para quien promete millones en nuevo gasto público y permitirá a Armengol llegar a las elecciones con un punto positivo a su favor.
Portavoces y consellers del Govern han querido mostrar estos días una discreta imagen de comedimiento, limitándose a señalar que Armengol luchará en Madrid la firma del REB que por justicia le corresponde a esta comunidad. Incluso han mostrado comprensión tras las críticas de los socios de gobierno, Més y de Podem. Ante este escenario, no faltan quienes consideran todo esto como actos de una 'comedia' con el final ya escrito.
El reto de Armengol consistirá en que el presumible anuncio de acuerdo vaya acompañado de dos condiciones. Por una parte, que los tiempos de tramitación parlamentaria sean lo suficientemente ágiles para llegar a mayo con el acuerdo en el bolsillo. Por otra, que la cuantía del REB resulte justa para compensar los costes reales de la insularidad, sin conformarse con un 'miniREB' que quede corto ante las necesidades de ciudadanos y empresas. O lo que es lo mismo: anteponer el bien común a cualquier política de gestos o argucias propagandísticas.