A nueves meses de las elecciones autonómicas y del final de la legislatura, el objetivo de la presidenta del Govern, Francina Armengol, de reducir el número de barracones no se ha cumplido. Armengol aseguró que en mayo de 2011, tras el segundo Pacte de Progrés presidido por su compañero de partido Francesc Antich, había en las Islas 50 barracones. Acusó a José Ramón Bauza de dejar 93 al final de su legislatura en mayo de 2015. Armengol aseguró que su objetivo era cerrar este mandato con 33 barracones. En estos momentos se encuentra 80 barracones por encima de lo anunciado.
Ante las dificultades para reducir el número de barracones, se han propuesto planes extraordinarios. Antoni Morante, director general de Centros de la Conselleria de Educación, anunció el pasado mes de febrero que Govern iba a construir escuelas con contenedores. Los populares barracones ya no iban a ser elementos auxiliares sino que se conformarían como la base de construcción de los centros. Así lo decidieron después de que una representación de técnicos y políticos de la conselleria viajaran a Barcelona para estudiar el modelo de la Generalitat. Debido a la polémica generada, tal idea fue descartada y el propio March desmintió a Morante.
Pero el plan para eliminar los barracones no es solo una apuesta del Govern. Los socios de los Acords pel Canvi, Podem, vetó al principio de la legislatura el presupuesto del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), el organismo de Educación que gestiona las obra y mantenimiento de los centros escolares. El acuerdo Podem-Govern llegó en septiembre de 2016 cuando comparecieron la diputada de la formación morada, Laura Camargo, junto al conseller March para anunciar un plan para reducir el 70 por ciento el número de barracones.
En el presente ejercicio, Educación ha contado con un presupuesto récord de 935 millones de euros, 36 de los cuales se han destinado al Ibisec. El horizonte, según March, es llegar a los 1.000 millones de euros de presupuesto anual. Si bien, la presión demográfica que va en aumento obliga a replantear las infraestructuras.
En una entrevista a mallorcadiario.com, March manifestó que “queremos quitar todas las aulas modulares que podamos. Si no hemos podido retirar más es por la presión demográfica y por la obligación que tenemos de escolarizar. La otra opción es incrementar las ratios de alumnos por aula. Somos conscientes de que si nos plantamos con 28 ó 29 alumnos en una clase tenemos que poner un profesor de apoyo, tiene que haber dos por clase. Nuestro objetivo es contar con más plazas escolares y en condiciones”. Y es que desde el principio de la legislatura se han escolarizado 3.000 niños más, cifra que podría doblarse este año.