Asimismo, Ballester ha calificado de “despropósito” que la ley generalice la figura del interés general para las infraestructuras necesarias para llevar a cabo la actividad agraria y ha indicado que “esto tiene como consecuencia el incremento de los trámites burocráticos, procedimientos, costes, tiempo y la ralentización de la productividad de la explotación”. “Además, la ley introduce numerosos conceptos jurídicamente indefinidos, imprecisos, que pueden generar problemas de interpretación, arbitrariedad e inseguridad jurídica”, ha advertido la diputada de Cs.
Ballester también ha señalado que “esta normativa introduce un alto grado de discrecionalidad por parte de otras autoridades no agrarias”. “Estas autoridades podrán limitar el uso agrario del suelo agrario utilizando parámetros y normativas urbanísticas que rara vez contemplan las necesidades reales para el desarrollo del sector”, ha explicado la diputada, que ha asegurado que “no tiene sentido que administraciones ajenas a la realidad y la problemática agrarias decidan sobre ésta”.
“La norma en su conjunto dificulta el desarrollo y la competitividad de las explotaciones agrarias de la comunidad autónoma condenando al sector al ámbito de la subvención y desincentiva el relevo generacional”, ha criticado Ballester.
Además de la enmienda a la totalidad, Cs Baleares también ha registrado 52 enmiendas parciales al proyecto de ley.