En este caso, deberán representar al menos el 3 por ciento de los residentes en dicha isla -antes era el 30 por ciento-, con un mínimo de 1.200 firmas. El tiempo máximo de recogida de firmas será de cuatro meses -con la ley de 1991 eran tres-.
Además, introduce la utilización de la firma digital y otorga un trato específico a este tipo de iniciativas dentro del Parlament al fijar un plazo de tres meses para que las ILP vayan automáticamente a pleno para su toma en consideración. La modificación también establece los pasos a seguir si el plazo coincide con elecciones -y por tanto, el Parlament se disuelve-.
El debate de toma en consideración de una ILP comenzará con la defensa por parte de un representante de la comisión promotora de la iniciativa, que además podrá comparecer en los trabajos de la ponencia si la propuesta continúa su tramitación. Igualmente, la comisión promotora podrá solicitar la retirada de la propuesta.
Por otro lado, la ley obliga a la Comunidad Autónoma a compensar a la comisión promotora con un máximo de 3.000 euros por los gastos, debidamente justificados, generados por la difusión de la iniciativa y la recogida de firmas. No obstante, las propuestas que no consigan el número mínimo de firmas no podrán recibir esta compensación. Igualmente, la cantidad se revisará con cada proyecto de Presupuestos Generales autonómicos.
La ley entrará en vigor al día siguiente de haberse publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).
Durante sus intervenciones, los diputados han coincidido en celebrar la unanimidad en la tramitación de la nueva ley. El diputado del PP, Antoni Gómez, ha resaltado que "es difícil que una proposición llegue al pleno con este nivel de consenso".
Por su parte, el diputado de Més per Mallorca, Biel Barceló, ha agradecido el asesoramiento de los letrados de la Cámara durante la elaboración del texto. Barceló ha subrayado que la ILP "es una de las formas de democracia directa" y que la nueva ley es "más sencilla y menos restrictiva".
Igualmente, el portavoz de Cs, Xavier Pericay, ha incidido en que es "imperativo combatir contra la desafección" de los ciudadanos hacia la política.
Desde Podemos, la diputada Marta Maicas ha defendido que "sin participación ciudadana, la democracia pierde su razón de ser y legitimidad".
En esta línea, Maicas ha reivindicado que para "cultivar una cultura de la democracia" es necesario también "acabar con la corrupción", ya que "es el primer motivo por el que la ciudadanía deja de confiar en la política para atender a sus demandas".
Paralelamente, el diputado del PSIB, Vicenç Thomàs, también ha alertado de que en el escenario político actual "la corrupción aparece como un mal estructural", al tiempo que "surgen nuevas formas de populismo". Por ello, ha insistido en la necesidad de "mejorar la participación política".
Desde el PI, la diputada Maria Antònia Sureda ha valorado la modificación pero ha censurado "ciertos mensajes de euforia que lanzan algunos como si lo que se aprueba hoy fuera la panacea". En esta línea, Sureda ha recordado que de las 71 ILP presentadas al Congreso de los Diputados desde el inicio de la democracia, sólo ocho llegaron a tomarse en consideración y la mayoría no fueron admitidas a trámite o caducaron.
Además, Sureda ha avisado al resto de grupos de que, según un estudio, la mayoría de los españoles cree "que las ILP no sirven para gran cosa".
A esto, el diputado de Més per Menorca, Nel Martí, ha respondido que aunque la modificación no resuelva todos los problemas actuales "es un paso importante" ya que hace de este mecanismo "una herramienta útil para los ciudadanos". Así, ha señalado que la ley de 1991 "no ha respondido a la expectativa que creó" debido a su "rigidez".
Finalmente, la diputada del Grupo Mixto, Montserrat Seijas, ha apuntado que facilitar la mecánica para poder llevar a término una ILP "es el camino que hay que tomar" y ha celebrado que la modificación "supera la mera actualización a los nuevos modelos digitales".