Tras los recientes cambios legislativos y la más que segura aprobación de los presupuestos generales del estado, la convocatoria de oposiciones masivas sera posible. La liberación de las tasas de reposición, que establecía un equilibrio entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos contratados por la administración educativa, permitirá que se puedan ofertar los puestos de trabajo que durante lustros e incluso décadas ya ocupan maestros y profesores.
Si bien parece una medida muy positiva, las consecuencias podrían ser nefastas. Los medios de comunicación y diversos partidos políticos han difundido durante meses una información que no se ajusta a la realidad. Afirman que se ofertaran miles de plazas docentes a través de un proceso selectivo. Y que se crearán nuevos puestos de trabajo. Y que la inversión en educación será magestuosa. Para finalizar, se centran en la falacia de que se articulará un proceso de consolidación de las plazas docentes, ocupadas por funcionarios interinos. Pero nada es así.
La realidad es que no se invertirá ni un sólo céntimo en la creación de miles de plazas docentes. La realidad es que se ofertarán las miles de plazas docentes que ya existen y que ya están ocupadas a través de unas oposiciones de libre concurrencia, a la que se podrá presentar aquel que lo desee y que reúna las características adecuadas para hacerlo (titulación, Máster y nivel de lengua catalana).
Al tratarse de unas oposiciones de libre concurrencia y en ningún caso de unas oposiciones para estabilizar los miles de puestos de trabajo ya ocupados por funcionarios internos, maltratados y utilizados fraudulentamente por el gobierno de España durante más de tres años (15-25 años), lo más probable es que muchos trabajadores interinos de la pública acaben sin el trabajo que durante una vida laboral han llevado desarrollando - la docencia pública de calidad. Su continuidad laboral dependerá de si superan o no a miles de aspirantes. Es posible pero muy complicado. Estadísticamente es muy improbable tal y como están establecidas las reglas del juego.
Por otro lado, miles de recién titulados o docentes interinos que no han podido disfrutar de a estabilidad laboral en la docencia pública, debido a su posición en las listas de interinos y también a normativas injustas, también pueden verse gravemente perjudicados y excluidos eternamente del sistema educativo. Puede parecer que las oposiciones masivas de libre concurrencia atienden al principio de igualdad de acceso a la función pública y garantiza que este grupo de aspirantes vea sus posibilidades incrementadas exponencialmente. Pero nada más lejos de la realidad.
Se trata de un concurso-oposición. Ello implica superar la oposición. Y una vez superada, participar en el concurso. Así, si un aspirante con ninguna o poca experiencia en la docencia privada, concertada o pública y sin formación continuada en la misma, obtiene una excelente puntuación en la fase de oposición (entre un 7 y un 9) puede no superar el concurso y quedarse sin plaza, en detrimento de un funcionario interino que ha obtenido un 5 en la fase de oposición y presenta lustros o décadas de experiencia docente.
Por ello, consideramos que el sistema actual no responde al principio de igualdad de acceso a la función pública. Y perjudica tanto a los unos como a los otros. Una oposición que atienda a dicho principio, debería partir de docentes en igualdad de condiciones y que arranquen la fase de concurso-oposición en condiciones equilibradas.
Tal vulneración se ha producido al contratar de manera fraudulenta durante décadas a funcionarios interinos para realizar la labor que debiera desarrollar un docente fijo. Los tribunales europeos ya han sentenciado que se debe solventar dicha situación de explotación irregular. Y que aquellos que han sido contratados como interinos docentes durante más de tres años seguidos, sin que se le ofreciera la opción de opositar por esa plaza, debe ser fijado o en su defecto indemnizado en la proporción adecuada - 20 días por año trabajado.
Nos encontramos ante una situación sin precedentes en la democracia de nuestro país. Una situación muy complicada. Sin embargo, el estatuto del trabajador público contempla dicha posibilidad. Y establece con meridiana claridad que ante una situación extraordinaria es posible articular un concurso público de libre concurrencia, sin oposición, para fijar al personal.
Ciertamente la situación es excepcional. Jamás se producirá una situación de tal magnitud. La brutal crisis económica, la contratación irregular de docentes interinos por más de tres años, la no convocatoria de Oposiciones en Baleares desde el 2010-2011 en el mejor de los casos, nos ha llevado a dicha desigualdad.
Parece que el gobierno considera que la mejor opción es la de convocar oposiciones de libre concurrencia masivas y solventar el problema de los interinos en un plazo máximo de tres años. Es decir, reemplazar a unos trabajadores por otros. O reemplazar una situación de interino por una situación de funcionario, si esos trabajadores superan la batalla.
Pero eso empeorará la situación. No es posible reemplazar a 10.000 trabajadores sin que el sistema reviente por todos lados. Sería un escándalo de proporciones masivas y con total seguridad se impugnarían tales procesos opositorios y se denunciaría ante los tribunales europeos la explotación laboral y la manera de solventar tal explotación. Por otro lado, el gobierno tendría que afrontar indemnizaciones millonarias. Es cierto que las cuantías individuales a pagar no son relevantes. Se trataría de abonar entre 10000 y 18000 euros, según la vida labora de cada interino. El problema es que habría que abonar tal cuantía a miles de ciudadanos. Y el estado Español volvería a una situación de crisis económica.
Y no sólo el empeoramiento sería económica y laboral. Miles de docentes con una experiencia docente irreemplazable, acabarían en la cola del paro. Y no acabarían desempleados por un corto periodo de tiempo. En muchos casos, se les condenaría al paro indefinido y a recibir ayudas. Muchas familias se verían condenadas a la precariedad. No es posible despedir de esa manera a ciudadanos de 35,40,50 años que durante toda su vida no han hecho otra cosa que no sea ejercer la docencia pública. ¿Quien les contrataría? ¿Y que labor desempeñarían?
El perjuicio se notaría también sobre el sistema educativo. El gobierno español no puede prescindir de profesionales con décadas de experiencia en la función pública. Son el sustento actual y futuro del sistema.
La AIED (Asamblea de interinos en defensa de la experiencia docente) solicita que se articule un concurso público de libre concurrencia sin oposición, atendiendo a la normativa actual ante situaciones extraordinarias. Solventemos primero la situación de los funcionarios interinos de la docencia y la sanidad pública, que llevan sacando el sistema desde hace décadas y paralelamente convoquemos oposiciones para aquellos que deseen acceder al sistema público.
Sólo de esa manera se respetará el principio de igualdad de acceso a la función pública. Y no entrará en conflicto con los derechos laborales de trabajador alguno.
Sergio Picarzo Delmar (AIED)