Julio fue el mes en el que se destapó que la empresa de los modistos Victorio y Lucchino estaba en quiebra y que varios proveedores de la marca habían solicitado concurso de acreedores por impagos a la Agencia Tributaria y la Administración local. Salieron a la luz procedimientos ante el juzgado de lo social que se traducían en impagos a trabajadores. Con embargos preventivos a favor del Estado para hacer frente a 1,2 millones de deuda, entre ellos el de un local en la calle Sierpes y otro situado en la calle Boteros, los diseñadores vieron como muchos de los que trabajaban para ellos alzaban la voz para que se cumpliesen las sentencias firmes que los confenaban a pagarles.
Muchos de los que trabajaron para ellos, empleados o no, aseguraron en su momento a Vanitatis, no haber recibido aún su dinero. Y eso a pesar de que, supuestamente, poseen propiedades como una finca en Campanillas, que incluso tiene caballerizas, y naves llenas de antigüedades por valor de cientos de miles de euros, algo que los demandantes pusieron de manifiesto ante el juzgado. Según ellos, “todas las cuentas ligadas a sus relaciones comerciales están completamente vacías”.
Otros empleados que llevaban más de veinticinco años trabajando para ellos aseguraron el mes de julio que, tras pasar por varios departamentos y vivir altibajos de la empresa, sufrieron un ERE. Denunciaron la curiosa forma en la que fueron despedidos: “A todos nos despidieron por separado para que no tuviésemos comunicación con otras personas del mismo departamento”. Supuestamente, se dieron pagarés para ir saldando la deuda paulatinamente. “A partir de cierto momento, dejaron de pagar cantidad alguna”, dijo uno de dichos empleados. Esos mismos trabajadores aseguraron que el “departamento de medidas”, el que más depende de los dos modistos, "facturaba muchísimo e iba bastante bien”.