Leo (y me indigno) que diez mil viviendas de Palma no pagan la tasa de recogida de residuos, con la que se financia el costoso invento del reciclaje de la basura. Me indigno porque yo les estoy pagando ese reciclaje que hasta ahora estas diez mil viviendas disfrutan y que no pagan porque el ayuntamiento ni se ha molestado en localizar.
Ustedes verán: aquí no hay que criticar a estos diez mil propietarios sino a los funcionarios (ni siquiera a los políticos) responsables de que la máquina de la Administración funcione. Son ellos los que tienen que cumplir la ley, perseguir a los infractores, buscarlos y sancionarlos. Y es allí donde se notan las grandes carencias. No porque no paguemos carísimo un servicio de recaudación privada sino porque antes que recaudar los recibos emitidos, hay que saber quién es sujeto de una tasa, identificarlo, para poderle cobrar.
Algo similar ocurre con el IRPF: al final, en España sólo pagan los que tienen nómina, porque eso se controla solo. Pero los demás, los que exigen trabajo, esos se van de rositas. (Menos mal que yo vivo fuera de Palma. Me tranquiliza y suaviza la indignación.)