Derecho a Vivir Baleares (DAV) y el Instituto de Política Familiar de las islas (IPFB) se sumarán a la manifestación que, bajo el lema 'Cada vida importa', tendrá lugar el próximo día 22 en Madrid con el objetivo de reivindicar la abolición del aborto y la puesta en marcha de medidas de apoyo a la mujer y a la maternidad.
Así lo han anunciado ambas entidades en un comunicado, en el que recriminan que el Gobierno "pretende renunciar a modificar la vigente legislación en materia de aborto, manteniendo así la despenalización total de su práctica y su reconocimiento como un derecho".
Una iniciativa que, a su juicio, "supondría la consolidación definitiva de la desprotección total de las dos víctimas del aborto: el niño no nacido, que carecerá de toda protección jurídica, y la mujer, abocada al aborto sin alternativas posibles".
"Con la anunciada renuncia a derogar la ley vigente, el Gobierno y el partido que lo sustenta traicionan su programa electoral y a sus votantes y hacen suya la ley vigente y sus consecuencias: se privará a la mujer de su derecho a la maternidad, no se hará nada por evitar abortos y crecerá cuantitativamente el inmenso fracaso que es siempre un aborto provocado", aseveran las dos asociaciones.
Además, lamentan que la Ley vigente "pretende imponer con carácter obligatorio y coactivo en todos los servicios y centros sanitarios y educativos la ideología de género y su visión de la sexualidad y la persona".
Según precisan, esta iniciativa "obliga a todas las personas que valoran la vida humana y el derecho a la maternidad, a manifestar públicamente su compromiso con el derecho a la vida y con la mujer embarazada para evitar que se consolide en el tiempo una ley injusta que el propio presidente del Gobierno y su partido se comprometieron a modificar".
Para DAV y el IPFB, cualquier enfoque legal o político que "olvide al niño que en virtud del aborto no llega a nacer o que olvide proveer los medios y soluciones precisos para que cualquier embarazada pueda llevar a buen término su embarazo, dará lugar a situaciones injustas e incompatibles con el equilibrio de derechos y bienes que el humanismo exige en esta cuestión".
Es por ello que reclaman la derogación de la vigente Ley del aborto, el compromiso del ordenamiento jurídico y de las políticas públicas "con la única solución progresista y humana en materia de aborto: proteger siempre al no nacido como a cualquier otro ser humano y proteger siempre a la mujer para que nunca se vea abocada al aborto", y la protección del derecho a la maternidad.
En esta línea, solicitan el impulso y promoción de una red solidaria de apoyo a la mujer embarazada, para que ninguna se vea abocada al aborto por carecer de información y alternativas viables para afrontar los problemas que están en la base de la decisión de abortar, así como la ayuda y el apoyo necesarios para que la mujer que ha sido víctima de un aborto pueda superar las consecuencias del mismo.
También piden la potenciación y agilización de la adopción nacional, incluyendo la creación de un protocolo por el cual se informe a la mujer de esta alternativa en caso de embarazo imprevisto, y la promoción de una "pedagogía de la Cultura de la Vida que reconozca y valore la dignidad del ser humano desde el momento de la fecundación hasta la muerte natural, y que enmarque la sexualidad humana en un ámbito de amor, respeto, responsabilidad y apertura a la vida".