El Tribunal Supremo revisa hoy en vista pública la condena de seis años de cárcel y nueve y medio de inhabilitación que le fue impuesta al expresidente del Govern y exministro Jaume Matas, quien recurrió en casación la sentencia en el marco de la primera pieza del caso Palma Arena que fue juzgada.
En concreto, Matas fue condenado por la Audiencia Provincial de Baleares, en marzo del pasado año, al considerarse probado que intervino en la contratación irregular por parte del Ejecutivo autonómico del articulista Antonio Alemany para la redacción de sus discursos. Precisamente, el periodista se adhirió a la solicitud del expresidente para que las razones expuestas en su recurso de casación también pudieran ser abordadas en Sala.
El tribunal de la Sección Primera atribuía al exministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar los delitos de fraude a la administración; continuado de falsedad en documento oficial; falsedad en documento mercantil; prevaricación en concurso con un delito de malversación y un último de tráfico de influencias agravado, por los que, además de la pena de prisión, la Audiencia le impuso nueve años y medio de inhabilitación.
Mientras tanto, el tribunal condenó a tres años y nueve meses de prisión a Alemany por delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil en concurso con uno de malversación y uno de tráfico de influencias.
En el marco de la pieza número 2 de las 27 que integran el caso Palma Arena, la Sala consideraba probado que los acusados que se sentaron en el banquillo pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular a Alemany y a sus sociedades con fondos públicos que ascendieron a un total de 483.186 euros. Todo ello después de que el articulista acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de sus discursos e intervenciones públicas.
No obstante, tanto la defensa de Matas, ejercida por el letrado Antonio Alberca, como la del articulista, asistido por el abogado Javier Fernández, solicitaron la absolución de sus patrocinados en el juicio celebrado a principios del pasado año por estos hechos. En el caso del expresidente, defendió que nunca se concertó con el periodista para que éste cobrase por sus servicios "fuera de los cauces legales", mientras que el representante legal del articulista defendió que "todo se hizo desde la más estricta legalidad".
