Multas de entre 1.000 y 5.000 euros por hacer botellón

Concretamente, las sanción por participar en un botellón será de 1.000 euros por persona, una cifra que asciende a los 2.000 euros si se debía estar en cuarentena por ser contacto estrecho, y que se dispara hasta los 5.000 si se ha dado positivo en coronavirus y, por tanto, la persona ha vulnerado la obligación de permanecer aislada.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegarán desde hoy un operativo especial para hacer frente a esta problemática, con agentes patrullando los 'puntos calientes' y, en algunos casos -como el de Palma-, empleando drones para detectar desde el aire estas aglomeraciones.

En este último caso, los controles se desplegarán en los polígonos industriales de Palma, así como en Platja de Palma, Santa Catalina, sa Feixina o Paseo Marítimo, que son las zonas geográficas que hasta el momento un mayor número de botellones han concentrado, según informó en rueda de prensa la regidora de Seguridad Ciudadana de Cort, Joana María Adrover. La edil recordó que se trata del primer fin de semana en el que se utilizarán estos drones, aunque evitó dar a conocer los horarios concretos "para asegurar el éxito de la operación".

Este nuevo operativo contra botellones cuenta con la colaboración de Policía Nacional y otras administraciones e incluirá controles de alcoholemia y el cierre de las calles para evitar las aglomeraciones "en un contexto de emergencia sanitaria".

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QUIEN RECIBA UNA MULTA LA PAGARÁ

Entretanto, el operativo para controlar presencia de personas en la vía pública más allá del horario permitido tras el último acuerdo del Consell de Govern, adoptado este pasado lunes, ya está en marcha y están por ver las consecuencias en forma de sanción. De momento, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha advertido que, por parte del Ejecutivo autonómico, se aplicará el criterio de "tolerancia cero" frente esta práctica.

"Quien esté pensando en hacer botellón que sepa que tendrá a todo el Govern y a los cuerpos y fuerzas de seguridad enfrente y, si recibe una sanción, la pagará", ha apuntado la consellera.

La consellera ha insistido en que tarde o temprano la administración acabará cobrando todas las multas que imponga por participar en botellones y fiestas ilegales, y ha hecho especial hincapié en que las sanciones "como mínimo" --ha recalcado varias veces esta fórmula-- serán de 1.000 euros por participar, de 2.000 euros si se debía estar en cuarentena por contacto, y de 5.000 si se ha dado positivo en un test. "Que nadie piense que pagará 'solo' 1.000 euros", ha insistido. En realidad, la cuantía será, posiblemente, muy superior.

EL CONTROL DEL BOTELLÓN, EN PALMA

Desde el inicio de la pandemia, la Policía Local de Palma ha levantado unas 20.000 actas relacionadas con la normativa Covid 19 y ha interpuesto alrededor de 2.750 sanciones relacionadas con botellones en lo que va de año. De ellas, 1.600 se han levantado en Platja de Palma en el transcurso de los últimos dos meses y medio. Por lo que respecta a los últimos tres fines de semana, se han levantado 615 actas vinculadas a los dispositivos policiales antibotellón, y se han controlado más de 900 vehículos.

En relación a estas intervenciones, la regidora de Seguridad Ciudadana, Joana Maria Adrover, recalcó que Cort movilizará "todos los recursos que se necesiten para que cese esta actividad", ya que, siguiendo su argumentación, "Palma es una ciudad turística, pero acoge un turismo responsable y carente de actitudes incívicas".

Adrover aprovechó la ocasión para hacer referencia al nuevo modelo de Policía de Barrio en Palma y a la implantación de las Mesas de Seguridad y Convivencia con la participación de los representantes vecinales de los cinco distritos de la Ciudad. En este órgano, se ponen en común, en palabras de Adrover, "los principales retos de las zonas de cada barrio" y se acuerda un calendario de actuaciones prioritario para cada uno de ellos.

PRIORIDADES

Según la representante municipal, cada zona de la ciudad ha comunicado sus prioridades en términos de preservación de la convivencia ciudadana. Así, en el distrito de Llevant, las preocupaciones de los vecinos van dirigidas a las campañas de información para la venta de alcohol en locales, la proliferación de vehículos abandonados y la necesidad de asegujrar la vigilancia en los parques. En cambio, en el área de Ponent, los residentes han puesto sobre la mesa la urgencia de ejercer un control más estricto sobre el tráfico y la utilización de vados permanentes ilegales o en desuso.

Los botellones constiuyen la principal preocupación para los vecinos del distrito Litoral, donde los vecinos reclaman también una mayor protección de las viviendas privadas para no favorecer el fenómeno de la okupación.

Finalmente, en el distrito Nord las peticiones van dirigidas a fomentar campañas de sensibilización de vehículos de movilidad personal, y el la zona Centre, las Mesas van enfocadas, esencialmente, a cuestiones sobre la sobreocupación de terrazas y el control de las áreas más conflicitivas en cuanto a aglomeraciones en la vía pública, sin dejar de lado la presencia masiva de músicos en las calles.

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'DES GÜELL A LLUC A PEU', EN HORARIO RESTRINGIDO

La entrada en vigor de las nuevas restricciones coincide con la próxima celebración, concretamente el 7 de agosto, de la caminata popular Des Güell a Lluc a peu, cuestión a la que se ha referido estos días la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, para afirmar que la confirmación de que el evento pueda llevarse a cabo está ahora pendiente de las reuniones que mantengan los organizadores con los responsables de la Conselleria de Salut.

De esta manera, Garrido no ha querido precisar si la marcha será autorizara o no, aunque ha lanzado un claro mensaje a sus promotores: "Deben pensar que la normativa ha cambiado de manera sobrevenida", en referencia a la explosión de contagios ocurrida estas últimas semanas y a la adopción de nuevas limitaciones y prohibiciones.

De hecho, la tradicional caminata se ve directamente afectada por la normativa aprobada por el Govern en cuanto a los horarios de las reuniones sociales entre no convivientes, las cuales no pueden lleverase a cabo entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana, ni en entornos públicos ni tampoco en las viviendas particulares u otros ámbitos de carácter privado.

Garrido ha apuntado que los contactos del Govern con los organizadores del evento proseguirán estos próximos días, pero ha insistido en que los acontecimientos culturales multitudinarios tienen la obligación de ajustarse a la nueva normativa antiCovid.