Muerto el perro, se acabó la rabia

Ni en nuestros mejores sueños hubiésemos alcanzado a imaginar siquiera levemente que por la vía de un expeditivo decreto ley del Govern de les Illes Balears, de aplicación inmediata, íbamos a lograr acabar con décadas de turismo de borrachera y balconing. Nuestras autoridades han necesitado un coronavirus que deja 226 muertos en Balears para decretar el cierre de todos los locales de las celebérrimas calles del Jamón y de la Cerveza, en Playa de Palma, y Punta Ballena, en Magaluf (Calvià). Bueno, realmente no todos, sino únicamente los que habían conseguido abrir, sin hacer distingos de tipología: comercios, bares, pubs, restaurantes o lo que sea.

Las últimas imágenes de energúmenos saltando sobre un coche estacionado en Punta Ballena, algo que ahora resulta intolerable pero que no constituye nada fuera de lo común y que ha venido sucediendo verano tras verano -tengo 46 años y siempre lo he conocido así-, han provocado la fulminante reacción gubernamental. Queda claro, pues, que hasta ahora eso acontecía porque el Govern quería.

Sin embargo, las imágenes habituales de guiris haciendo el ganso, no fueron captadas en el interior de los establecimientos ahora clausurados, sino en la vía pública. En idéntico proceder, cuando los supporters del Real Mallorca (en el hipotético caso que tuvieran algo que celebrar, algo que no se vislumbra en el corto plazo) vayan a chapotear a la fuente de las Tortugas, en la plaza Joan Carles I (con perdón), se ordenará el cierre de todos los locales aledaños. O si se les ocurriese ponerse a festejar la salvación de su club en Son Moix, cosa deseable pero poco probable, se decretará la clausura del estadio.

Por lo visto, la nueva normalidad comporta que uno puede ser sancionado por las infracciones de otros. De ahí que ahora todos debamos llevar mascarilla y podamos ser multados con 100 euros si no lo hacemos, porque hay gente que no la lleva nunca y el Govern no es capaz de aplicarles un correctivo. Pero no se engañe. Las multas son solo para los ciudadanos de a pie. Si los buses o los trenes van atestados y no es posible guardar la distancia de seguridad, el conseller del ramo o el responsable de SFM no tendrá responsabilidad alguna.

Quédese con lo positivo del asunto. El Govern de Bellver se apunta el tanto de acabar con el turismo de borrachera. Que los trabajadores que les daban servicio se queden sin empleo es un daño colateral asumible. Unos pocos centenares más en el paro, con todo lo que está cayendo, no se notará.