El despotismo ilustrado de Javier Sanz en la Autoridad Portuaria de Baleares

La negativa del presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Javier Sanz, a comparecer ante el Parlament para explicar la reforma del puerto de Palma es un síntoma preocupante de opacidad y desdén hacia las instituciones democráticas. Este proyecto que contempla la reorganización del tráfico de ferris y cruceros, el traslado de áreas de mantenimiento al Dique del Oeste y la integración del puerto con la ciudad, es de enorme importancia y merece un debate abierto y participativo. Sin embargo, Sanz optó por remitir un documento en lugar de comparecer personalmente, escudándose en "razones competenciales".

El Parlament representa al pueblo de las Illes Balears. Así lo establece el Estatuto de Autonomía. Rehusar acudir a su llamamiento es una falta de respeto a los ciudadanos y sus representantes; además de proyectar una imagen de un organismo público, como la APB, que opera al margen del escrutinio público.

La APB debe entender que no puede gestionar los puertos de Baleares como si fueran un coto privado

Esta actitud no es un caso aislado. En Formentera, la APB ha tomado decisiones unilaterales y sin contar con la ciudadanía de la isla respecto al puerto de la Savina, como la licitación a un único concesionario que gestionará durante 25 años todo el puerto, cuando siempre hubo dos concesionarios para evitar un monopolio. Este cambio, decidido por la APB sin contar con la sociedad de Formentera, cuenta con el firme rechazo de los partidos políticos y las entidades sociales de la isla. Incluso el Consell Insular de Formentera ha anunciado que recurrirá a los tribunales para paralizar los planes de la APB, lo que no ha variado ni un milímetro la posición del organismo presidido por Javier Sanz.

La gestión de infraestructuras portuarias, que son bienes de interés público, exige transparencia, diálogo y búsqueda de consensos. La APB debe rectificar su postura y colaborar estrechamente con las instituciones democráticas y la ciudadanía, garantizando que las decisiones que afectan al futuro de Baleares se tomen de la manera más participativa y transparente posibles.

La APB debe entender que no puede gestionar los puertos de Baleares como si fueran un coto privado. Las infraestructuras portuarias son bienes de interés público y, como tales, sus planes y reformas deben someterse al escrutinio de la sociedad. La transparencia, el diálogo y la búsqueda de consensos no son opciones, sino obligaciones en una sociedad democrática. Javier Sanz haría bien en rectificar y comparecer ante el Parlament, no sólo por responsabilidad institucional, sino también por respeto a la ciudadanía que merece explicaciones claras sobre decisiones de enorme importancia para la comunidad.