En la actualidad, existen ya en España cuatro policías autonómicas, la Ertzaintza en el País Vasco, los Mossos d'Esquadra en Cataluña, la Policía Foral de Navarra y el Cuerpo General de la Policía Canaria. Asimismo, hay también, por otra parte, unidades del Cuerpo Nacional de Policía que están adscritas a cinco comunidades distintas; en concreto, a Galicia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Comunidad de Madrid y Aragón.
En ninguno de ambos supuestos se encuentra, por ahora, Baleares, pero no por ningún impedimento legal, sino por falta de voluntad política desde hace ya una década y media, o por falta de justificación o necesidad para dar este paso previsto legalmente.
Cabe recordar que en la legislatura 2003-2007, el entonces presidente autonómico, el popular Jaume Matas, impulsó una profunda reforma del Estatut en aquel momento aún vigente. El nuevo texto fue aprobado inicialmente por el Parlament en junio de 2006, con los votos a favor del PP, el PSOE y UM, mientras que el PSM e Izquierda Unida-Los Verdes votaron en contra. Unos meses después, en febrero de 2007, el citado texto sería ratificado definitivamente por las Cortes.
Una de las principales novedades del denominado Estatut de 2007 estaba recogida en el artículo 33, en donde se indicaba que "es competencia de las Illes Balears la creación y la organización de un cuerpo de policía propio en el marco de la legislación estatal". De este modo, se abría la puerta a que nuestra comunidad pudiera seguir los ejemplos ya citados de Cataluña o de Navarra, en donde desde hacía tiempo convivían sus respectivas policías autonómicas con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sin embargo, aquella puerta que a priori parecía que se iba a poder abrir muy pronto de par en par, se encuentra más o menos atascada o entornada desde entonces.
En ese contexto de un cierto impasse, el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, explica a mallorcadiario.com que su formación acaba de presentar recientemente una proposición de ley en favor de la puesta en marcha de la Policía Autonómica —que se denominaría 'Cos de Guaita'—, porque quiere que se dé "un buen servicio" al ciudadano; un servicio que, por lo que respecta a la seguridad, "garantice la convivencia, asegure los derechos y favorezca el cumplimiento de los deberes por parte de la ciudadanía".

NECESIDAD DE CAMBIOS
Para Apesteguia, con los números en la mano, "no se está prestando ahora un servicio policial adecuado", porque la dotación de efectivos "está más de dieciséis puntos por debajo de la media estatal" y porque "hay una inestabilidad muy alta en las plantillas". Además, según el líder de Més, el Gobierno central habría "pasado históricamente" del problema y de buscar una solución para la crónica falta de efectivos policiales en el Archipiélago.
"Necesitamos poner remedio a todo esto y el actual Estatut lo permite", sintetiza. Un hecho poco conocido —y que Apesteguia recuerda ahora— es que en 1991, con el popular Gabriel Cañellas como presidente autonómico, Baleares envió al Congreso de los Diputados una primera y muy ambiciosa propuesta de reforma del Estatut, que entre otras medidas abogaba por el concierto económico como fórmula de financiación y que ya preveía la creación de una policía autonómica. La citada propuesta, que previamente había sido aprobada por el Parlament, sería rechazada por las Cortes.
En respuesta a Apesteguia y a la proposición de ley presentada por Més el pasado mes de mayo, la consellera de Presidència, Antònia Estarellas, da a conocer a este digital la posición del Ejecutivo que preside la popular Marga Prohens sobre esta cuestión. "Desde el Govern no renunciamos al desarrollo del Estatut, pero pensamos que en estos momentos lo que hace falta no es un nuevo cuerpo de policía, sino dotar correctamente a los cuerpos que ya tenemos" afirma. En ese sentido, Estarellas añade que para que los ciudadanos tengan garantizada de manera óptima su seguridad, "es preciso que haya los recursos materiales y humanos necesarios".

Por todo ello, "el Govern apuesta firmemente por la mejora y adecuación de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que desgraciadamente no ven ahora nuestras islas como una opción de destino". Dicha percepción está motivada sobre todo por "las dificultades de las condiciones de vida derivadas de la falta de una insularidad digna". Esa carencia de buenas condiciones afecta esencialmente a "los sueldos, la vivienda y las cargas de trabajo" y comporta "la falta de efectivos necesarios". Estarellas recalca que ha podido tratar ya todos estos temas con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "porque preocupan y ocupan al Govern".
FALTA DE EFECTIVOS
Otra opinión a tener también en cuenta es la de los sindicatos y las asociaciones policiales, de ahí que mallorcadiario.com se haya puesto igualmente en contacto con el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Baleares, Manuel Pavón, y con el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Baleares, Domingo Manuel Lamela, para que hagan su propia valoración sobre este asunto.
Según subraya Pavón, a menudo las policías autonómicas que ya existen en nuestro país "no comparten la información que poseen con el resto de cuerpos policiales", lo que favorece la "descoordinación entre dichos cuerpos" y provoca que "algunos trabajos se hagan al final por partida doble". A ello habría que añadir "el gran gasto que supone todo esto para una comunidad autónoma". En esa misma línea crítica se pronuncia también Lamela.
Pavón y Lamela expresan asimismo su preocupación por la secular falta de más efectivos en las Islas, un déficit que se mantiene todavía hoy. En la actualidad, en Baleares hay de media unos 1.800 policías nacionales y unos 1.600 guardias civiles a lo largo de todo el año, sin contar aquí los refuerzos estivales. Aun así, Pavón estima que de enero a diciembre harían falta unos 600 efectivos más en la Policía Nacional para poder cubrir de forma adecuada todas las necesidades de seguridad que hay en el Archipiélago, mientras que Lamela calcula que serían necesarios 700 guardias civiles más para poder cumplir satisfactoriamente esa misma tarea.
Por su parte, desde la Delegación del Gobierno en Baleares recuerdan que la Policía Nacional y la Guardia Civil dependen directamente del Ministerio del Interior. A partir de ahí, lo que se hace desde la Delegación del Gobierno es mantener frecuentes reuniones de carácter operativo con mandos de ambos cuerpos para tratar de manera conjunta y global las distintas cuestiones que puedan plantearse. Con independencia de esa labor concreta, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, se reúne también con regularidad con los representantes sindicales. Precisamente, la pasada semana se entrevistó con Pavón y con Lamela.

INTRAHISTORIA DE UN DESEO
La idea de llegar a crear algún día una policía autonómica balear tiene su propia intrahistoria. De hecho, ya en 2005 Matas sopesó la posible viabilidad o no de esa opción, incluso antes de que el nuevo Estatut la permitiera. Cabe recordar, en ese sentido, que el entonces conseller de Interior, José María Rodríguez, puso en marcha aquel mismo año la denominada Policía Turística, cuya plantilla se nutría esencialmente de policías locales interinos de diversos municipios, que en principio eran contratados por un máximo de nueve meses al año.
En aquellas fechas se consideró que la Policía Turística, de consolidarse, podría acabar siendo el embrión de un nuevo cuerpo, en la línea de los Mossos d'Esquadra o de la Ertzaintza. Poco tiempo después, en la legislatura 2007-2011, ya bajo la presidencia del socialista Francesc Antich, volvió a hablarse de la posibilidad de poner en marcha una policía autonómica. Antich había iniciado aquel mandato gobernando con el Bloc —antecedente de Més— y con UM, si bien esta formación sería expulsada del Govern por Antich en febrero de 2010, por los casos de corrupción que afectaban a su cúpula.
En cualquier caso, casi al final de aquella convulsa legislatura, en concreto en febrero de 2011, UM presentó en el Parlament una proposición de ley para constituir un nuevo cuerpo policial autonómico. Dicha propuesta legislativa salió adelante en la Cámara, a pesar del voto en contra del PSOE, porque contó con los votos a favor del PP, que entonces se encontraba en la oposición. Los socialistas justificaron su 'no' a esta iniciativa de UM por su supuesta inoportunidad, ya que nuestro país se hallaba sumido en una profunda crisis económica. De todas formas, la citada proposición de ley no llegó a ser tramitada finalmente, porque esa legislatura terminaría apenas un mes después.
Curiosamente, en ese mismo mes de marzo de 2011 trascendió la existencia de un documento de trabajo previo, realizado dos años antes, que al parecer hacía ya tiempo que estaba en manos del Ejecutivo regional. En dicho documento se preveía la creación del 'Cos de Guaita' y el posible despliegue de 304 agentes entre 2010 y 2011. En ese trabajo, llevado a cabo por un asesor del Govern, se consideraba viable económicamente la creación del nuevo cuerpo siempre y cuando desapareciera al mismo tiempo la Policía Turística.
LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS
Con posterioridad, en la legislatura 2011-2015, con el entonces popular José Ramón Bauzá como presidente autonómico, desapareció de manera definitiva la Policía Turística, en concreto en 2013, pero no se volvió a plantear la posible creación del 'Cos de Guaita', un término cuyos orígenes etimológicos se remontan a varios siglos atrás. Tal como recuerda el historiador Antoni Marimon a este digital, "el último cuerpo armado propiamente mallorquín que se disolvió fue el Cos de Torrers, cuyos efectivos se situaban en las torres de vigilancia ubicadas en distintos puntos de Mallorca".
Tras el único mandato presidido por Bauzá, la recurrente idea de poner en marcha una policía autonómica en Baleares volvió a ponerse de nuevo sobre la mesa en la legislatura 2015-2019, en donde tanto en el Govern como en el Consell de Mallorca gobernaron sendos tripartitos, conformados por el PSOE, Podemos y Més.
Así, en abril de 2018 el equipo de gobierno del Consell votó a favor de una moción presentada por el PI en la que, tras ser aceptada una enmienda socialista, se instaba al Govern a "dar cumplimiento" al artículo 33 del Estatut relativo a "la creación y organización de un cuerpo de policía propio", de acuerdo con la Ley de Coordinación de las Policías Locales de las Islas Baleares. Por su parte, el PP votó en contra, mientras que Cs se abstuvo. La respuesta del Govern a esa moción aprobada por el Consell fue que el Ejecutivo que presidía por vez primera la socialista Francina Armengol no contemplaba en su agenda la futura puesta en marcha del 'Cos de Guaita'.
Como nunca hay dos sin tres, en la pasada legislatura el Parlament aprobó en marzo de 2020 una moción presentada en la Cámara por Més per Menorca relativa al "autogobierno". En uno de los puntos de dicha moción se instaba al Ejecutivo que presidía de nuevo Armengol a impulsar una futura policía autonómica propia. Votaron a favor de ese punto el PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y el PI, mientras que el PP, Cs y Vox votaron en contra. Más de cuatro años después, seguimos todavía sin policía autonómica, algo que en cierto modo no resulta nada extraño, sobre todo si tenemos en cuenta todos los precedentes legislativos anteriores.