La asociación balear Veritas Justicia ejercerá de acusación popular en el caso Koldo

Este caso, que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, investiga hechos relacionados con la corrupción y la criminalidad organizada, por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, y tráfico de influencias.

Desde este organización, encabezada por el abogado Eduardo Luna, han insistido en la importancia de velar por que la transparencia de las instituciones públicas se lleve a cabo de forma real y efectiva, denunciando los casos en los que se atente contra el interés general.

Desde Veritas Justicia han hecho hincapié en que el caso Koldo afecta a toda la sociedad, y concretamente a Baleares, después de que, durante la crisis sanitaria de la covid-19, el Govern balear, dirigido por Francina Armengol, comprara las mascarillas con fondos europeos que la Unión Europea no recuperará hasta que los descuente de próximos pagos al ejecutivo de las islas.

"Mientras los sanitarios, facultativos y miembros de emergencias padecían una terrible falta de medios, unos individuos se lucraban con la venta de mascarillas y material sanitario inhábil para su uso, todo ello con la connivencia de altos cargos de diferentes instituciones del Estado central y autonómico", han manifestado desde esta asociación, que ha lamentado "la corrupción instaurada de forma sistémica en el poder y sus instituciones".

El juzgado central ha aceptado la personación de esta entidad como acusación popular, bajo la dirección del letrado Eduardo Luna, "con el objetivo de representar a los ciudadanos que están hartos y cansados de un sistema que ha perdido todos los valores".

Por su parte, el pasado viernes, la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares volvió a recurrir el rechazo de la Audiencia Nacional a la personación del Govern como afectado por la compra irregular de un lote de mascarillas en 2020.

Como indicó el portavoz autonómico, Antoni Costa, la Abogacía balear insistió en los mismos argumentos que ya alegó en el anterior recurso, basados en que el ejecutivo solicita la "descertificación" de los fondos europeos percibidos para pagar la compra de las mascarillas.