La primera crisis política de la legislatura entre PP y Vox se ha solucionado con un acuerdo parlamentario entre los dos grupos políticos para la aplicación de la libre elección de lengua en la educación pública y concertada, sin que se modifique la normativa vigente y que se ha venido aplicando en los últimos 25 años, pues no se toca ni una coma de la Ley de Normalización Lingüística, ni la Ley educativa aprobada por el Pacte en 2022, ni tampoco el Decreto de Mínimos de 1997.
Este acuerdo permite salvar el pacto suscrito entre PP y Vox y que el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Vera, vuelva a llevar al Parlament el techo de gasto no financiero del Govern para su aprobación, previsiblemente el martes de la próxima semana. Tras ello, el Consell de Govern podrá aprobar el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma e iniciar su tramitación parlamentaria con el objetivo de que entre en vigor el 1º de enero de 2024.
Sin embargo, sólo por el hecho de que la primera y la tercera fuerza política en el Parlament de les Illes Balears hayan alcanzado un acuerdo, la oposición de izquierdas y sus satélites sindicales y del ámbito educativo, esencialmente catalanistas, consideran roto el consenso lingüístico en la Educación y este viernes plantaron a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al conseller de Educación, Antoni Vera. Primero solicitaron una reunión y, tras conseguirla, no asisten. Y todo eso, sin saber siquiera los términos del acuerdo.
A partir del próximo curso escolar 2024/2025, de acuerdo a la normativa vigente que algunos persisten en querer obviar, los padres podrán escoger la lengua de primera enseñanza en el segundo ciclo de Educación Infantil y en el primer ciclo de Primaria, en los centros donde seo sea posible, respetando la autonomía de centro y sin segregar a los alumnos.
En el resto de etapas educativas, se pondrá en marcha un plan piloto, con dotación económica y de personal, cuya adscripción será voluntaria, sin segregación y respetando la autonomía de centro.
Pese a esta flexibilidad, a que se trata de un acuerdo de líneas maestras cuyo desarrollo y aplicación debe hacerse con la comunidad educativa y de forma dialogada y progresiva, la oposición de izquierdas, PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, ha puesto el grito en el cielo, de forma completamente artificial, equiparando el acuerdo poco menos que con el conflicto lingüístico vivido en Baleares por la imposición del decreto de trilingüismo (TIL) en 2013 por el Govern de José Ramón Bauzá.
La disposición del actual Govern y de su presidenta, se puso de manifiesto ayer mismo. Como también quedó en evidencia que hay quienes niegan al Govern y al Parlament el derecho a hacer una propuesta que, como manifestó Escola Católica, “no supone, en ningún caso, una ruptura de los consensos conseguidos hasta la fecha, sino que cumple con el Pacto Educativo ratificado por el Consell Escolar”.