Esta organización ha escrito al fiscal jefe de Baleares, Tomeu Barceló, para instarle a investigar este caso y reclamar una acción efectiva contra el ejercicio de "médicos suspendidos, si son un peligro para la salud pública".
Sugiere que se dicte contra ellos "orden de alejamiento" de los pacientes e incluso que se les ponga "una pulsera para conocer sus movimientos". Además, reclama "la prohibición de los partos atendidos en domicilios, por que se pone la vida en riesgo del bebé y la madre si surge una eventualidad".
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