El ministro de Justicia no descarta cambios legales para luchar contra la 'okupación'

En una entrevista concedida a Europa Press, el ministro ha considerado un “acierto“ tanto la instrucción hecha pública por la Fiscalía como las medidas que está adoptando la Policía, puesto que no puede negarse la existencia de un problema y una gran preocupación social.

El ministro ha explicado que no se trata de modificar los tipos penales, "que si hay que cambiarlos se cambiarán", sino de incidir en las medidas cautelares como el desalojo, que es lo que potencia la instrucción de la Fiscalía General del Estado, "que va a permitir una mejor y más rápida actuación por parte del poder judicial", ha añadido el ministro.

"Vamos a ver de una manera reposada todo esto, y si es suficiente, exploraremos, y si no lo es habrá que articular cambios, evidentemente, porque la obligación de todo Gobierno es llevar a una convivencia más serena, y no lo es cuando la gente está preocupada porque se le pueden meter en su casa", considera Campo.

REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN

Sobre la reforma del delito de sedición, Campo ha dejado claro que fue un compromiso de Pedro Sánchez durante el debate de investidura que él mismo mismo reiteró en su comparecencia en el Congreso del pasado 17 de febrero: "La idea es presentarlo, pero no hay fecha exacta".

Campo ha negado niega que la reforma tenga que ver con la negociación de los Presupuestos o sea una concesión a los intereses nacionalistas puesto que se trata de "un compromiso muy previo" y que es reclamado de forma unánime por la doctrina jurídico penal: "Yo invito a quien tenga curiosidad en esta materia ir a ver cómo está regulado en Alemania, Italia o Francia, por citar tres países que son buenos referentes para nosotros", ha añadido.

El ministro ha dicho que no puede olvidarse lo que ocurrió con el juicio del 'procés' y que los delitos de rebelión y sedición llevan sin tocarse doscientos años: "El derecho si algo hay que lo caracteriza es que es algo vivo, y por tanto tiene que adecuarse a las regulaciones actuales" pero subraya que las conductas sancionadas en este caso son graves sin ninguna duda.

"Pero tenemos que fijarnos en ellos porque a lo mejor también, viendo esas orientaciones de estos delitos en otros países podremos entender esas respuestas que no siempre hemos entendido con facilidad", ha afirmado, en clara alusión a la negativa de Alemania a entregar a España a Carles Puigdemont.

Abundando sobre este asunto, Campo ha señalado que antes no ha habido ningún motivo para reformar estos dos delitos porque se trata de tipos penales que no se han utilizado. "Pero cuando uno ve la regulación francesa, alemana o italiana se da cuenta de que tenemos que adecuar esas figuras más como delitos contra el orden públicos y menos como ataques directos a otras instituciones más altas, que sin duda hay que proteger, si bien regulando de una manera pormenorizada".

En todo caso, la reforma del Código Penal se hará recabando todos los informes que sean precisos y abriendo un debate parlamentario sobre la proporcionalidad de las condenas a aplicar: "No cabe matar gorriones a cañonazos y sobre todo, cuando vemos que desde todos los ámbitos en los que nos movemos, sean doctrinales o de derecho comparado, nos están diciendo que eso necesita verse, porque es un tipo penal que no se toca desde hace doscientos años” y "los códigos penales no resuelven problemas políticos".

NUEVO LLAMAMIENTO AL PP

En relación con la falta de acuerdo con el PP para renovar órganos constitucionales, el ministro ha realizado un nuevo un llamamiento al partido de Pablo Casado para que cumpla con la Constitución. "Había un acuerdo, sin entrar en porcentajes se puede decir tremendamente cerrado, casi solo faltaba hacerlo público, y se ha frustrado", ha lamentado el titular de Justicia.

Y ha añadido que los motivos argüídos por el PP han sido varios: un día es por la composición de la coalición de gobierno, otro día es por manifestaciones que han hecho miembros de uno de lo partidos que conforman el Gobierno, mientras que otro día son problemas internos, como los relacionados con la portavoz Cayetana Alvarez de Toledo.

"No tengo claras las excusas que ponen, lo que sí tengo claro es su obligación constitucional. No se puede ser constitucionalista a tiempo parcial, y el PP ha sido un partido que ha llevado a gala serlo, y ahora tiene la oportunidad de demostrarlo, porque con las instituciones no se juega y no es una cuestión de voluntariedad sino de obligatoriedad", ha dicho.

Finalmente, ha defendido el actual sistema de elección de los vocales, ya que los doce vocales de origen judicial son elegidos por las cámaras entre un grupo de designado previamente por la carrera judicial, .

"Por tanto, que no se les llene la boca deslegitimando la forma de eleccion porque es una doble legitimación que creo que responde a los mejores parámetros de la democracia, y aún así podemos pulir el modelo ya eso nos comprometimos".