Las mujeres, casi todas ellas procedentes de Colombia, que ejercían la prostitución en un piso de alterne de Palma debían cubrir interminables jornadas de trabajo de 21 horas, y ni siquiera se les respetaba el descanso cuando dormían: si llegaba un cliente se les despertaba sin contemplaciones, a veces incluso mediante el uso de la fuerza. Una mujer de 35 años ha sido detenida por la Policía Nacional en relación a estos hechos.
El pasado martes, la Policía Nacional dio por finalizada la operación 'Gaviota', en la cual ha resultado detenida una mujer española de 35 años de edad como presunta responsable de la gestión de un conocido piso de alterne en Palma. A la mujer se le imputan un delito contra el derecho de los trabajadores y otro por tráfico ilegal de inmigración clandestina con fines sexuales.
La detenida contactaba con las víctimas en su país de origen, principalmente Colombia, y les ofrecía pagarles el viaje y tramitar por su cuenta los requisitos de entrada en España como turistas. A su vez, les proponía trabajar en el piso de alterne ejerciendo la prostitución en unas condiciones supuestamente ventajosas para las mujeres a las que captaba.
La arrestada procuraba que todas las demandantes de empleo con las que se relacionaba careciesen de permiso de residencia y trabajo en España, ya que, de esta manera, tenía más facilidad para imponerles condiciones gravosas y abusivas.
De esta manera, las víctimas eran obligadas a permanecer un mínimo de 21 días en el interior del inmueble ejerciendo la prostitución, y debían permanecer disponibles las 24 horas al día. Tanto era así que si estaban descansando o durmiendo en el momento en que se personaba un cliente, eran depertadas sin ningún tipo de miramientos y, en ocasiones, incluso mediante el uso de la fuerza.
La detenida se quedaba con la mitad del dinero que se obtenía por estas actividades y entregaba el resto a las trabajadoras, pero sin aplicar ninguna periodicidad fija a este pago, sino liquidando la deuda solo cuando así lo decidía unilateralmente. Con este procedimiento, la arrestada conseguía que las mujeres permanecieran en la casa con la esperanza de cobrar las cantidades económicas pendientes de ser abonadas. Por si ello no fuera suficiente, las víctimas también debían pagar por alojarse en el inmueble: concretamente, entre 25 y 30 euros diarios
Durante la inspección practicada en la vivienda, por parte de la Policía Nacional, los agentes constataron que las mujeres se hallaban hacinadas en literas que habían sido habilitadas en una construcción ilegal de la casa. En el espacio físico que se les asignaba, no disponían de baño propio y se veían obligadas a bajar dos plantas y atravesar un patio exterior de la vivienda.
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