Palma, pionera en poner límites al alquiler vacacional

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha optado finalmente por presentar una zonificación que prohibe los alquileres turísticos en pisos en toda la capital. La decisión sólo permite el alquiler turístico en viviendas unifamiliares, aunque con limitaciones en zonas de suelo rústico, no residenciales o próximas al aeropuerto.

Mucho se ha esperado la decisión de Cort sobre una práctica que, por otra parte, resulta imparable. La prohibicion en pisos, en inmuebles plurifamiliares, según el texto de la propuesta, es el elemento determinante de la opción elegida por el equipo de Noguera. Alineándose con la federación de vecinos y colectivos ciudadanos que lo habían reclamado, Cort justifica la decisión para proteger a los residentes y hacer más fácil el acceso a la vivienda, cuyos precios para alquilar se han disparado, además de evitar la saturación en determinadas zonas, principalmente del centro.

La oferta para albergar este tipo de turismo en Palma se ha incrementado un 50 por ciento entre los años 2015 y 2017, una progresión favorecida por la alta demanda, la facilidad del trámite a través de las plataformas de gestión por internet y los buenos ingresos que genera. Frenar esta progresión es uno de los argumentos esgrimidos por Cort, ya que, además, el alquiler vacacional ha jugado un papel capital en la sensación de saturación turística que muchos ciudadanos de Palma han percibido en las últimas temporadas.

La capital balear ha optado por una decisión pionera en toda España, "valiente", según expresión del alcalde Noguera. La medida, sin embargo, ha sido criticada por la patronal del alquiler vacacional y los pequeños comerciantes. Los primeros consideran que se está liquidando un negocio que supone importantes rentas para muchos ciudadanos, mientras que los segundos creen que se perjudica la economía local, especialmente la representada por la oferta complementaria y los pequeños comercios y supermercados. Son argumentos lógicos que Cort debería tener en cuenta a la hora de intentar compensar de otra forma a estos colectivos.

Cort tiene ahora que llevar a pleno la propuesta, donde saldrá sin problemas gracias al apoyo de todos los partidos que integran el gobierno municipal. Posteriormente, abrirá un periodo de 30 días para que se presenten alegaciones y los informes del Consell, con la idea de que la normativa quede aprobada en un pleno del mes de julio. A partir de entonces, los responsables municipales deberían centrar sus esfuerzos en que se cumpla la norma. Y es que en Palma se ofertan un total de 11.000 plazas de alquiler vacacional, cuando únicamente había 645 autorizaciones. Son datos que alertan sobre la necesidad de vigilar el proceso y que obligan a establecer mecanismos para asegurar que la norma se cumpla.