El Grupo Popular en Sant Josep (Ibiza) ha anunciado que en el próximo pleno solicitará que se incorporen a los Presupuestos de 2018 las cantidades recaudadas por la aplicación de la Disposición transitoria Décima de la Ley 2/2014, de Ordenación y Uso del Suelo, de 25 de marzo. Asimismo, pedirán la convocatoria del Consell Social Municipal durante el primer trimestre del año para conocer las prioridades de las asociaciones y poder tramitar los proyectos y obras elegidos.
La portavoz Neus Marí ha recordado que la LOUS preveía en su Disposición Transitoria Décima un procedimiento extraordinario de incorporación a la ordenación de edificaciones existentes en suelo rústico, con un plazo de tres años a contar desde la aprobación por parte de cada Consell Insular para hacerla efectiva.
Según la mencionada Disposición, la legalización debía estar sujeta al pago de las mismas tasas e impuestos previstos en la normativa para las nuevas edificaciones y además incluía un nuevo concepto mediante el cual la persona interesada debía abonar al Ayuntamiento una prestación económica extraordinaria.
En relación a esta prestación, la norma contemplaba que las cantidades ingresadas debían destinarse a "la adquisición, recuperación, protección y gestión sostenible de espacios y recursos naturales o su incorporación al patrimonio municipal de suelo".
El Ayuntamiento, ha explicado Marí, aprobó también que dichas cantidades se gestionaran mediante el sistema de presupuestos participativos.
Así, a finales de 2017 el equipo de gobierno propuso al Consell Social destinar 200.000 euros a propuestas "tan dispares" como la compra de vehículos eléctricos, sustitución de luminarias convencionales por otras tipo LED, cambio de mobiliario urbano y reposición de árboles en distintas calles urbanas del municipio.
Para el PP, las partidas propuestas "no se corresponden con el espíritu de la Ley, mucho más enfocado a la gestión del suelo".
MOCIÓN SOBRE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
El PP de Sant Josep también presentará en el pleno una moción de apoyo para defender la figura de la prisión permanente revisable incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, así como instar a los diferentes Grupos Parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable.
Los populares han reiterado que la prisión permanente revisable no renuncia a la reinserción del penado, pues una vez cumplida una parte mínima de la condena "un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal".
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