Liquidado el Caso Cursach con la absolución de todos los encausados antes de que concluya la vista oral -menos dos policías locales que quedan como los únicos acusados de lo que fue la macrocausa judicial más importante de los últimos años- comienza el que será el Caso Penalva-Subirán. El desarrollo de la vista iniciada en abril ha puesto de manifiesto, sobre todo, la infame actuación de los instructores -juez y fiscal-, así como de los policías del Grupo de Blanqueo que orquestaron las pesquisas.
Lo oído en la sala ha llevado a la Fiscalía a declarar que este procedimiento ha constituido un fracaso de la administración de justicia y pedir que se abra una nueva línea de investigación contra Penalva, Subirán, la inspectora de Blanqueo y otros. Fiscalía ha considerado que deben ser investigados por delitos de coacciones o de obstrucción a la justicia afirmando que la instrucción del caso "estuvo alejada de los principios básicos de lo que debe ser una investigación penal".
Testimonios inducidos o directamente manipulados, amenazas de llevar a prisión a testigos si no declaraban lo que los instructores querían... Así se consiguieron acusaciones, encarcelamientos injustificados o declaraciones guiadas, como se ha podido ver durante la vista oral.
Es lamentable este tipo de actuación por parte de funcionarios públicos que debían haber investigado los hechos de manera neutral, pero que actuaron de forma obsesiva y premeditada, a menudo con la connivencia de medios de comunicación concretos que se sumaron a la cacería y que aún hoy, sorprendentemente, siguen sosteniendo supuestas teorías de la conspiración para no reconocer que estuvieron en el lado equivocado, también del periodismo. Unos medios que ahora están en el punto de mira de la Fiscalía.
En la resolución del caso, por otra parte, llama la atención que haya sido desde la Fiscalía Anticorrupción de Madrid desde donde se haya puesto orden en el asunto. No pocos creen que fiscales de Madrid como el propio Tomás Herranz han emitido, con su valoración de los hechos, una enmienda a la totalidad de una forma de hacer en la justicia balear que prevaleció durante años.
Ahora le llega el turno de rendir cuentas a Penalva, Subirán y todos los que apuntalaron su infame actuación. Y con ello, aunque no se restañen los daños físicos y sociales producidos, sí pueda triunfar la Justicia que tan mermada ha quedado con este caso.
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