Mejora del plus de insularidad: Pedro Sánchez debería aprender de Marga Prohens

Govern y sindicatos han acordado incrementar el plus de insularidad de los empleados de la Comunidad Autónoma de Baleares, lo que es, sin duda, una buena noticia. Este acuerdo, que beneficiará a 65.000 trabajadores públicos, equipara las indemnizaciones por residencia con Canarias, reconociendo así las particularidades que conlleva vivir y trabajar en un territorio insular.

Los incrementos en el plus de residencia, que se aplicarán durante el trienio 2026, 2027 y 2028, oscilarán entre 205,3 euros para Mallorca, 410,6 euros para Menorca e Ibiza, y 615,9 euros para Formentera. ​

Sin embargo, esta mejora salarial en la función pública autonómica evidencia aún más un agravio comparativo flagrante: los funcionarios del Estado destinados en Baleares continúan percibiendo un plus de insularidad escandalosamente inferior y completamente desfasado, ya que hace años que su cuantía no se actualiza.

Esta diferencia es injusta y es la principal causa de que las plantillas de la Seguridad Social, Agencia Tributaria, DGT, Policía Nacional y Guardia Civil, etc., estén sistemáticamente incompletas, especialmente en Ibiza y Formentera, donde sus retribuciones no compensan ni de lejos el elevado coste de la vida y aún más de las viviendas de alquiler.

Mientras los empleados autonómicos verán aumentado su plus de insularidad, los del Gobierno central seguirán cobrando un plus ridículo

Mientras los empleados autonómicos verán aumentado su plus de insularidad, los funcionarios del Gobierno central seguirán cobrando un plus ridículo, lo que genera gran descontento y desmotivación entre estos profesionales.​

El Gobierno de España debería tomar cartas en el asunto y proceder a actualizar la indemnización por residencia de los funcionarios estatales en Baleares. La equiparación de estos pluses no solo sería un acto de justicia laboral, sino también una medida necesaria para que las Baleares dejen de ser percibidas como un destino poco atractivo y perjudicial desde el punto de vista retributivo.

La realidad insular implica costes de vida más elevados. Por ello, es fundamental que las indemnizaciones por residencia contemplen fielmente estas circunstancias. La inacción por parte del Ejecutivo central y de la Delegación del Gobierno en Baleares agrava la situación, que ya afecta negativamente a los servicios públicos de su competencia.​

La actualización del plus de insularidad para los funcionarios del Estado en Baleares no puede seguir postergándose; es una cuestión de justicia, equidad y reconocimiento a la labor de quienes sirven a la ciudadanía. El Gobierno de Pedro Sánchez debería tomar nota del acuerdo alcanzado entre el Govern de Marga Prohens y los sindicatos de funcionarios autonómicos, para compensar la insularidad adecuadamente.