Algo más que una huelga de basuras

El riesgo que suponía una huelga de recogida de basuras para la imagen y la salubridad de las principales zonas turísticas de Mallorca se ha visto finalmente aplazado hasta el 9 de septiembre. La convocatoria votada por unanimidad de los trabajadores para parar de forma indefinida el próximo 22 de agosto en 50 municipios de la Isla ha sido desactivada con la intervención del conseller de Trabajo y de Turismo, Iago Negueruela.

La demanda de mejores condiciones laborales de las más de 2.000 personas que trabajan en las cinco empresas que controlan el servicio en Mallorca mediante la convocatoria de huelga ha desatado todas las alarmas por afectar a importantes núcleos turísticos en las fechas de mayor afluencia de turistas en Mallorca. Palma, Calvià y Puigpunyent se salvaban de la convocatoria.

Tras semanas sin ningún tipo de acercamiento entre las partes, la negociación se ha activado a las pocas horas de votarse a favor de convocar la huelga indefinida. El riesgo se aplaza a las primeras semanas de septiembre, cuando aún la temporada sigue con un volumen notable de visitantes, pero pararla ya es un indicio de que la negociación puede llegar a un acuerdo que recoja unas condiciones que ambas partes consideren justas, teniendo en cuenta que posiblemente tan injusto es un salario de 625 euros mensuales como las fechas inicialmente elegidas para hacer la protesta.

De producirse el paro en el servicio -aunque sea en septiembre-, las consecuencias pueden ser dramáticas para un destino turístico que es uno de los más importantes del Mediterráneo, pero que también está demostrando una fragilidad en su competitividad por la recuperación de destinos competidores o la incertidumbre ante hechos como el Brexit.

La intervenición del Govern, en la persona del conseller Negueruela, ha sido determinante a la hora de frenar la protesta y abrir vías en la solución de un problema que, de producirse la huelga, será algo más que un simple problema laboral.

La Conselleria de Treball debe seguir arbitrando el entendimiento entre las partes, preferiblemente impulsando la redacción de un convenio de ámbito autonómico que regule la prestación del servicio con plenas garantías, tanto por lo que respecta a las condiciones laborales, como al óptimo estado de los camiones y demás material empleado. En juego está algo más que una mera reivindicación laboral.