La sentencia del caso Gürtel se ha presentado como la razón principal para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa. No hay dudas sobre el fallo judicial, pero durante el debate de la moción de censura en el Congreso de los Diputados, muchos de los argumentos que se han escuchado en boca de los grupos que han acabado apoyando a Pedro Sanchez han girado más en torno a otras cuestiones. La organización del Estado, una mayor atención a las políticas sociales o el debate sobre la supuesta represión de algunas leyes han sido ejes de muchos discursos; todo ha cabido para agrandar el catálogo de agravios de aquellos que han justificado su decisión final de apoyar a Sánchez.
Quienes han apoyado la moción de censura saben que la corrupción política no ha sido ajena a partidos como el PNV, Convergència (hoy PDeCAT) o el propio PSOE. Todos tienen en sus hojas de servicio episodios sonrojantes con sentencias firmes sobre militantes y dirigentes, sin contar los casos que actualmente están en proceso.
Podría pensarse, pues, que la corrupción no ha echado a Rajoy; o, cuando menos, que no ha sido el elemento determinante. El triunfo de la moción de censura que ha catalpultado al PSOE a la presidencia del Gobierno se ha producido después de que Sánchez haya podido aglutinar en su favor sensibilidades e intereses dispares pero coincidentes en una cosa: echar a toda costa a Mariano Rajoy del Gobierno. Y así se lo han hecho saber al líder socialista algunos de los que le han apoyado, con el mensaje latente de que la moción no la ha ganado Sánchez, sino que la ha perdido Rajoy.
Las derivadas de este último razonamiento se materializarán los próximos días cuando todos aquellos que han votado echar a Rajoy pretendan hacer llegar a Sánchez sus aportaciones a un futuro programa de gobierno que el ya presidente no desgranó en su investidura durante la moción.
Algunos de estos son los partidos nacionalistas. En este proceso, como en tantas otras ocasiones de la historia política reciente de España, el papel de catalanes y vascos ha sido determinante. En cuatro décadas de democracia, tanto PSOE como PP han sabido pactar con los nacionalistas. La situación actual de desafío constitucional por parte del independentismo catalán, sin embargo, llevó al hasta ahora partido en el gobierno a poner en marcha la inevitable defensa del Estado, lo que le granjeó la más absoluta animadversión del nacionalismo catalán, que se lo ha cobrado en esta moción de censura para beneficio del PSOE.
Habrá que ver cómo evoluciona el conflicto. El tema catalán proporciona muchos votos al centro derecha sobre todo fuera de Cataluña, pero eso no acaba con el problema ni retorna a la legalidad a todos aquellos que han optado por saltársela. El periodo que se abre representa una nueva situación que debe hacer reflexionar a todos, desde Pedro Sánchez, que deberá gestionar el problema a partir de ahora, hasta los independentistas, que deberían hacerse planteamientos más realistas, pasando por el PP, que haría bien en cuestionarse el porqué de su situación electoral en Cataluña y la práctica unanimidad para ser desalojado de Moncloa.