Los consumidores pierden 23,8 millones de euros al año por la moratoria de grandes superficies

"Balears es una de las Comunidades Autónomas con la normativa comercial más restrictiva de manera persistente. Es destacable el abuso, por parte de sus autoridades, de moratorias comerciales como instrumento de planificación", señala el órgano regulador.

Añade que "en los últimos 20 años se han impuesto tres moratorias comerciales, las dos primeras con una duración total de casi 11 años", y asegura que estas restricciones no solo encarecen los precios que pagan los consumidores, sino que también inciden negativamente sobre "el empleo, la inversión, la productividad, la innovación y la variedad".

El informe, fechado el 31 de enero y hecho público este martes por la CNMC, resalta que "no permitir la entrada de grandes establecimientos comerciales supone, generalmente, una pérdida de inversiones y de creación de puestos de trabajo", también "genera ineficiencias en términos de productividad e innovación" y "reduce los incentivos a mejorar la capacidad del servicio".

En contra del argumento del Consell de que con la moratoria se protege a las tiendas pequeñas y medianas, el órgano estatal señala que con las "barreras en el mercado" se obstaculiza "la difusión de nuevas tecnologías y de nuevos métodos de producción lo cual penaliza, entre otros, a los comercios tradicionales asentados en el mercado, cuya supervivencia depende de su capacidad de modernizarse y especializarse".

Si pese a todos estos efectos negativos las administraciones imponen una moratoria tienen que justificarla "en los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación".

En la memoria justificativa de la moratoria, el Consell aludía a la protección ambiental y urbanística, del patrimonio artístico y etnológico, y a la sostenibilidad de las infraestructuras.

"En relación con estas razones de interés general indicadas en la memoria, no queda claro cuáles motivan la decisión de implantar la moratoria", incide la CNMC.

Concluye que "es una medida restrictiva de la competencia, sin justificación en los principios de regulación económica eficiente y costosa en términos de bienestar".