Las trampas del alquiler vacacional

mallorcadiario.com desvelaba este martes las múltiples maniobras a las que recurren muchos anunciantes de alquileres vacacionales ilegales a fin de impedir la labor de los inspectores.

Las plataformas digitales son el escenario ideal para este tipo de artimañas. Empresas como Airbnb o Booking están utilizando varias estrategias para burlar a los inspectores y dificultar su trabajo eliminando, por ejemplo, los anuncios durante las horas laborales del personal y volviéndolo a publicar la oferta a horas intempestivas, por las noches o durante los fines de semana. Internet permite a estas plataformas no dejar ningún tipo de rastro de las publicaciones realizadas, lo que impide que una parte considerable de la oferta vacacional ilegal pueda ser detectada por los inspectores.

Al margen de las plataformas tradicionales, la oferta ilegal se ampara también en el uso de canales alternativos o no identificados, como pueden ser Telegram o TikTok, donde la comercialización de este tipo de establecimientos se dispersa aún más y es muy difícil de rastrear.

"Este desafío llega en pleno debate sobre la masificación turística y Baleares no puede permitirse el lujo de que este tipo de prácticas ilegales pongan en riesgo la principal industria del país o el bienestar de los ciudadanos"

Cerrar la contratación en el país de origen de los clientes también hace casi imposible la labor de los inspectores, como resaltan desde el Consell de Mallorca. Y, por si fuera poco, la picaresca se extiende a prácticas tan sencillas como la de no publicitar la dirección real y comunicarla al cliente sólo después de haber formalizado el alquiler.

La casuística de quienes quieren eludir la legalidad es prolija, por lo que la labor de vigilancia y control de la Administración a través de la inspección, no sólo no debe bajar la guardia sino que debe incrementarse. Ya se están utilizando procesos para extraer datos a través de un software con inteligencia artificial –web scrapping–, o se cruzan datos con Hacienda. Todo recurso ha de ser bienvenido porque este desafío llega en pleno debate sobre la masificación turística y Baleares no puede permitirse el lujo de que este tipo de prácticas ilegales pongan en riesgo la principal industria del país o el bienestar de los ciudadanos que ven cómo el alquiler vacacional pirata se ha convertido en la principal causa que impide el acceso a la vivienda residencial.