Las inmobiliarias piden al nuevo Govern participar en las decisiones sobre vivienda

La Associació Balear de Serveis Immobiliaris (ABSI) entiende que la construcción de 1.500 Viviendas de Protección Oficial (VPO) previstas en Palma "supone, en el corto plazo, una ayuda a todas aquellas familias con recursos limitados que no pueden hacer frente a los alquileres actuales en determinadas zonas de la capital balear".

Entienden que es una medida "a la que se comprometieron todos los partidos políticos sin excepción, por lo que no estaría justificado que no se llevara a cabo". No obstante, quieren dejar claro su oposición "si el motivo de la construcción de vivienda social tiene como fin regular el precio del alquiler".

Desde ABSI creen que la regulación del precio del alquiler no se soluciona con este tipo de medidas "sino con una nueva reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ya que la última modificación realizada por el gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de marzo pone en peligro la garantía que tiene el propietario de una vivienda en beneficio del arrendatario".

Para que se escuche su voz, piden que el Govern que se formará en las próximas semanas tenga en cuenta a las inmobiliarias a la hora de llevar a cabo propuestas y reformas.

Entienden que la construcción de nuevas viviendas accesibles en determinados puntos de la isla va a suponer una devaluación en el precio del alquiler de esas zonas. "Habrá más oferta, y una oferta mucho más barata que la actual, por lo que se devaluará el mercado existente y propietarios que han comprado viviendas en esas zonas donde se van a construir VPO, que están pagando su hipoteca, se van a encontrar con una vivienda que vale considerablemente menos que el precio que han pagado".