La cuestión de la vivienda carcome las aspiraciones de una izquierda que no ha sabido dar ni soluciones ni certidumbre. Propietarios e inquilinos sufren la desidia del gobierno en esta materia que se les ha girado en contra. En el PSOE pensaron que comprar el discurso de PODEMOS les serviría para movilizar y atraer a su electorado, pero lo que ha conseguido es enfurecer a la parroquia contraria y agravar la desconfianza de los suyos.
La receta para el desastre fue simple: lanzar discursos grandilocuentes, prometer "proyectos transformadores", mientras se ignoraba la inseguridad jurídica que afecta a los propietarios de viviendas, esos valientes que intentan mantener una propiedad en medio de la jungla normativa, sin saber si al final podrán siquiera venderla o alquilarla sin arriesgarse a un litigio costoso, incierto y largo. Y la cereza del pastel: una ausencia total de soluciones realistas, más allá de soflamas inconsistentes.
La izquierda ha hecho de la vivienda un tema de lucha ideológica, como hace con prácticamente todo para salir del paso y crear un relato con el que defenderse. Mientras que las construcción de viviendas sociales y los incentivos a jóvenes y familias se quedan en promesas de campaña, los propietarios de inmuebles se encuentran atrapados entre la espada de una legislación que los protege menos que una manta mojada y la pared de una administración que parece más preocupada por las métricas de popularidad que por la resolución de problemas reales. Y, claro, en esa trama enmarañada de promesas vacías y conflictos legales, la inseguridad jurídica se ha convertido en el verdadero monstruo bajo la cama.
En lugar de incentivos para el desarrollo del suelo urbano y urbanizable, el sector privado recibe constantes hachazos en forma de impuestos, burocracia y cambios normativos que, por una parte, frenan el desarrollo urbanístico y, por otra, premian a morosos y okupas. Y mientras tanto, la clase media, esa misma que intenta pagar una hipoteca, ve cómo las propuestas de la izquierda parecen estar más cerca de un infumable anuncio de marca blanca que de un plan de vivienda efectivo que desbloquee la oferta.
Para Sánchez, ésta iba a ser “la legislatura de la vivienda”, pero en sus cuentas no estaba que su desastre legislativo y su inacción política le espetaría en la cara, convirtiéndose en la principal preocupación de los españoles. La administración ni es capaz de construir vivienda pública ni da incentivos a la iniciativa privada para que lo haga. Ni comen ni dejan comer. Han perdido la batalla del relato y dejan un erial que costará revertir.