La piscina que dividió Mallorca

La Audiencia Nacional ha anulado dos órdenes del Ministerio de Medio Ambiente de 2014 y 2016 con las que la administración había prorrogado por 60 años la concesión que autorizaba al periodista Pedro J. Ramírez a ubicar una piscina en una zona de dominio público, en su chalet de la Costa de los Pinos. La decisión judicial -recurrible ante el Supremo- ha estimado la demanda presentada por el activista Jaume Sastre, quien recurrió la concesión otorgada en 2001 a Pedro J. para instalar un embarcadero, una terraza y una piscina en una zona de dominio público marítimo-terrestre que ahora el periodista tendrá que desmantelar para que quede "garantizado el disfrute del dominio público".

La batalla judicial se remonta al año 2004 y constituyó durante mucho tiempo una de las polémicas que más contribuyó a polarizar la opinión pública -y mediática- de Mallorca. El perfil de los personajes implicados contribuyó notablemente a alimentar la controversia. Era la época en la que Pedro J. aterrizaba en Mallorca y daba lecciones de periodismo de la misma manera que superaba, con total parsimonia, el escándalo de la publicación de un video sexual que a cualquier otro le habría hundido la reputación y la imagen pública de por vida. La misma época en la que Pedro J. se cobijaba en Mallorca bajo el manto protector de un todopoderoso Jaume Matas, y el tiempo en el que la proyección pública del protagonista y su no poca suficiencia capitalina contribuyeron a poner el foco en esa piscina, en lugar de otras muchas instalaciones similares de nuestra costa.

El clímax de la polémica se alcanzó en agosto de 2005 cuando un grupo liderado por el denunciante al que ahora ha dado la razón la Audiencia Nacional, Jaume Sastre, intentó asaltar la piscina protagonizando uno de los episodios más ridículos de este culebrón. Los asaltantes -el propio Sastre, políticos de ERC, activistas que posteriormente acabarían en las filas turismofóbicas o simples folloneros de manual- acudieron al chalet pertrechados con chanclas, bañador y toalla, y acabaron enfrentándose a los guardias de seguridad en un altercado del que quedó un testimonio gráfico que aún hoy sonroja a muchos.

Dieciséis años después, la justicia ha zanjado la polémica y ha devuelto el orden a un espacio que deberá ajustarse a los usos previstos por la Ley de Costas. Una decisión judicial que determina el futuro de la zona, aunque no borrará de la memoria histórica una polémica que dividió, como pocas, la opinión pública mallorquina.