Algo no se está haciendo bien cuando una ley pensada para aliviar el colapso judicial provoca justo lo contrario. La entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia Procesal ha generado una situación sin precedentes en los juzgados civiles de Palma: el colapso total.
En los últimos días, los abogados de Baleares han presentado cerca de 1.000 demandas diarias para evitar las exigencias que impondrá la nueva norma. Solo entre el 24 y el 26 de marzo se registraron más de 2.900 asuntos. Un frenesí desesperado que pone en evidencia la inseguridad jurídica que genera esta reforma.
La norma —que obliga a acudir a procesos de mediación antes de poder presentar una demanda— puede tener una intención loable: reducir la litigiosidad. Pero su implantación ha sido un fracaso. Lo que se ha conseguido es aumentar la incertidumbre y saturar todavía más un sistema judicial ya al límite.
La inseguridad jurídica nunca puede ser el legado de una reforma legislativa
Los abogados han hablado claro, la ley es confusa, genera indefensión y se ha redactado sin contar con los profesionales. El propio enfrentamiento vivido entre la jueza decana de lo civil y la vicedecana del colegio de abogados en los juzgados de Palma es el reflejo del caos generado. El resultado es demoledor: en solo tres meses se han presentado casi la mitad de los asuntos civiles de todo 2024.
La justicia no puede funcionar a golpe de improvisación. No se puede legislar de espaldas al sector y sin un plan claro de implementación. Los ciudadanos no necesitan reformas brillantes sobre el papel, sino certezas, agilidad y un sistema que funcione.
El Ministerio de Justicia haría bien en asumir su parte de responsabilidad y corregir el rumbo antes de que esta supuesta “eficiencia” se convierta en una sentencia de ineficacia estructural para el sistema judicial. La inseguridad jurídica nunca puede ser el legado de una reforma legislativa.
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