La izquierda pretende sacar provecho de la crisis de vivienda

La crisis de vivienda en España ha alcanzado niveles alarmantes, afectando a todas las comunidades autónomas y poniendo en evidencia la insuficiencia de las respuestas políticas actuales. Este jueves, durante la sesión de control al Govern en el Parlament, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, defendió las políticas de su Ejecutivo, subrayando que "no se puede resolver en un día ocho años nefastos de política de vivienda".

Es cierto que revertir años de inacción y decisiones desacertadas en materia de vivienda no es tarea sencilla ni de rápida ejecución. Sin embargo, la magnitud del problema exige medidas más contundentes y una mayor celeridad en su implementación. La falta de acceso a una vivienda digna no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también incrementa la desigualdad social y económica. Y resulta indignante que quienes tratan de aleccionar al Govern sean quienes durante dos legislaturas no hicieron apenas nada, al margen de construir unas pocas VPO que nada solucionaron.

Revertir años de inacción y decisiones desacertadas en materia de vivienda no es tarea sencilla ni de rápida ejecución

Además, el argumento del portavoz socialista, Iago Negueruela, de que el Govern gestiona para los ricos y poderosos, es de una inconsistencia sonrojante. Con planteamientos decimonónicos y alejados de la realidad, será difícil que el PSOE pueda volver algún día a presentarse como una alternativa de gobierno en Baleares. Su única propuesta es topar los precios de alquiler, algo que nadie quiere hacer y que donde se ha hecho, fuera de España, ha sido peor el remedio que la enfermedad.

Iniciativas del Govern como el plan para incorporar 7.000 viviendas a precios asequibles y el programa 'Lloguer Segur' son pasos en la dirección correcta que, además, cuentan con el respaldo de colegios profesionales y entidades del sector de la vivienda. No obstante, la lentitud burocrática y la falta de colaboración de algunos ayuntamientos impiden el progreso necesario. Es necesario que todas las administraciones, independientemente de su color político, trabajen de manera coordinada para agilizar los procesos y facilitar la construcción de viviendas de protección oficial. Es esencial establecer mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan abordar la crisis de manera integral y coordinada.

Aunque es comprensible que los resultados no se obtengan de la noche a la mañana, la urgencia de la situación demanda un compromiso político firme y acciones más rápidas y eficaces. La ciudadanía no puede esperar indefinidamente a que lleguen soluciones que garanticen su derecho constitucional a una vivienda digna.