Una infanta entre Castro y Horrach

El auto de apertura de juicio oral que acaba de dictar el juez José Castro en el marco de la pieza separada nº 3 del caso Palma Arena, más conocida como caso Nóos, da carpetazo –al menos teóricamente– a un año 2014 extremadamente convulso en el plano judicial donde este caso, que se inició en 2010, ha tenido un protagonismo radical.

Enfrentamiento juez - fiscal

El público y abierto enfrentamiento entre el juez Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, primero por la citación en calidad de imputada de la infanta Cristina y posteriormente por la decisión del magistrado de incluirla en la lista de procesados, ha sido el rasgo más destacable durante este año que termina. Jamás se habían visto en Baleares semejantes críticas y acusaciones entre un juez y un fiscal.

La Audiencia Provincial de Palma en mayo de 2013 no apreció en la hija menor del rey Juan Carlos indicios de la comisión del delito de tráfico de influencias. Sin embargo, dejó la puerta abierta a que se continuara investigando la posible existencia de blanqueo de capitales y delito fiscal. El juez Castro, tras las navidades de 2013, citó a declarar en calidad de imputada a la infanta Cristina, aceptando la solicitud del sindicato Manos Limpias y contra el parecer de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado y de la Comunidad Autónoma.

La citación de la infanta

Entre una enorme expectación y grandes medidas de seguridad Cristina de Borbón acudió a los juzgados de Palma el día 8 de febrero. Alegó ignorancia y falta de memoria en buena parte de las preguntas que le hizo el juez Castro durante un interrogatorio de más de 7 horas.

A finales de junio y ya con la instrucción terminada, el juez dictó el auto de conclusión del procedimiento abreviado y mantuvo la imputación de la infanta Cristina. Esto provocó que la Fiscalía presentase un recurso ante la Audiencia Provincial donde acusaba al juez Castro de hacer un juicio de valor basado en meras conjeturas, de determinar un “puerto de destino” antes de iniciar la investigación y de llevar a cabo “una espiral inquisitiva” contra la infanta. El juez Castro en declaraciones a los periodistas agolpados en el juzgado retó al fiscal a denunciarle por prevaricación.

Este inaudito enfrentamiento público tuvo sus derivadas. Las asociaciones profesionales de fiscales mostraron su apoyo absoluto a su compañero del Ministerio Público, al tiempo que la Junta de Jueces de Palma defendían la actuación de Castro y criticaban al fiscal Horrach por el contenido de su recurso al cuestionar la independencia del juez y por sus “declaraciones ofensivas”. Algunas asociaciones de jueces fueron más allá y solicitaron la adopción de medidas disciplinarias contra el fiscal.



No hay blanqueo pero sí delito fiscal

La Audiencia Provincial, encargada de resolver los recursos, acordó el 7 de noviembre ordenar el sobreseimiento de las actuaciones por el delito de blanqueo, pero mantuvo la imputación de la infanta por cooperación en sendos delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios 2007 y 2008. Los magistrados Diego Gómez-Reino, presidente de la Sección 2ª y ponente del recurso, Juan Jiménez y Mónica de la Serna, mostraron sus dudas acerca de la aplicación al caso de la doctrina Botín (que salvaría a la infanta del banquillo ya que no es acusada por la Fiscalía ni por las acusaciones particulares, sino solo por la acusación popular que ejerce Manos Limpias) y dejó en manos del juez instructor la decisión.

El fiscal Horrach, visiblemente contrariado, afirmó respetar la decisión de la Audiencia aunque confesó que nadie se esperaba una decisión así. En su escrito de acusación, el fiscal pidió 19 años y medio de cárcel para el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, y el pago de 3,5 millones de euros de multa, pero solicitó nuevamente archivar la imputación de la infanta Cristina, recriminando nuevamente al juez que se acuse a la hermana del rey Felipe VI (proclamado monarca tras la abdicación de su padre Juan Carlos I en junio) y considerando que estaba indefensa. Además el fiscal concedió algunas entrevistas a medios de comunicación criticando al juez Castro y a los magistrados de la Audiencia Provincial, donde no descartó recurrir el auto de apertura de juicio oral si el juez no acordaba el sobreseimiento de la causa para la infanta. El presidente de la Audiencia Provincial, Carlos Gómez, elevó una queja a la Sala de Gobierno del TSJB y al Fiscal Superior de Baleares criticando al fiscal Horrach por sus descalificaciones y por trasladar a los medios de comunicación un debate propio del proceso judicial. Horrach, lejos de amedrentarse, reivindicó su libertad de expresión: “Se acatan las resoluciones, pero la libertad de expresión no incluye la imposición del silencio”.

La infanta consignó en la cuenta del juzgado de Castro casi 600.000 euros que le exige la Fiscalía como responsabilidad civil a título lucrativo.

Castro no aplica la doctrina Botín

Finalmente el juez Castro ha decidido no aplicar la doctrina Botín al considerar que la acusación popular de Manos Limpias tiene legitimidad bastante en el proceso y atendiendo, según su criterio, a que dicha doctrina fue “novedosa, sorpresiva y no unánime”, además de que ha sido matizada en posteriores sentencias. Además, según el magistrado, la naturaleza del delito fiscal permite a la acusación popular actuar y no únicamente a la acusación particular de la Abogacía del Estado.

Aunque el auto establece que no cabe ningún recurso contra él, la defensa de la infanta Cristina anunció su intención de recurrir ya que la argumentación del juez instructor va más allá de lo que sería un auto propio de apertura de juicio oral. Por su parte, la abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete manifestó que el auto es irrecurrible y que pretender la nulidad del auto constituiría un fraude procesal, al que su organización se opondrá. El juez Castro afirmó que “recurrir se puede recurrir, otra cosa es que se admita el recurso”.

El Ministerio Fiscal no se ha pronunciado por el momento, aunque es previsible que interponga algún recurso al auto del juez Castro, para continuar con el enconado enfrentamiento que este 2014 que termina ha caracterizado el caso Nóos.