Siete funcionarios de la Policía Local de Palma, incluyendo el director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo, enfrentan acusaciones por presuntamente alterar fraudulentamente los resultados de un concurso-oposición para beneficiar a ciertos agentes. Según la acusación, alteraron el resultado del concurso-oposición para favorecer a ciertos agentes, proporcionándoles preguntas y respuestas antes de las pruebas.
El fiscal sostiene que esta acción tenía como objetivo asegurar el ascenso de dos agentes y la adquisición de una plaza fija como funcionario para un tercero. Las acusaciones incluyen delitos de revelación de secretos, prevaricación y omisión de perseguir delitos. El fiscal pide penas de prisión e inhabilitación para los acusados, que van desde 15 meses hasta ocho años y medio de inhabilitación, dependiendo del delito y del acusado específico.
Según el escrito de acusación, el director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo, el intendente jefe de la Policía Local de Palma, Antoni Vera, y el comisario jefe de la Comisaría Operativa y de Seguridad, Rafael Estarellas, habrían alterado fraudulentamente el resultado del concurso-oposición.
Para Calvo, por el delito de revelación de secretos pide 18 meses de prisión e inhabilitación por un tiempo de cuatro años, y por el delito continuado de prevaricación, pide ocho años y seis meses de inhabilitación.
Para Vera, por el delito de revelación de secretos pide 18 meses de prisión e inhabilitación durante cuatro años; por el delito continuado de prevaricación, ocho años y medio de inhabilitación, y por el delito de omisión de perseguir delitos, 15 meses de inhabilitación.
Para Estarellas, por el delito de revelación de secretos pide 18 meses de prisión e inhabilitación durante cuatro años, y por el delito continuado de prevaricación, ocho años y medio de inhabilitación.
Para otros tres acusados, el fiscal pide 18 meses de prisión e inhabilitación especial para cargo público durante cuatro años por el delito de revelación de secretos -a cada uno-, y para el séptimo procesado pide 15 meses de inhabilitación por el delito de omisión de perseguir delitos.