La Audiencia permite que los acusados recurran el juicio con jurado popular

La Audiencia Provincial de Balears ha ordenado que los imputados del caso Peaje, que desde principios de 2009 investiga el presunto perjuicio de 42 millones de euros del Consell de Mallorca durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, puedan recurrir el auto por el que la jueza instructora acordó transformar las pesquisas de cara a su enjuiciamiento por un tribunal del jurado. En la resolución, la magistrada señalaba que ésta no podía impugnarse pero el tribunal señala que esto merma el derecho a la defensa de los encausados.

La Sala insta de este modo a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, a resolver los recursos de reforma que, en cualquier caso, interpusieron las defensas de algunos imputados contra el auto de transformación del procedimiento, si bien sin entrar a valorar si este caso debe debe ser juzgado o no por un jurado popular.

En concreto, algunas de las defensas solicitaron recientemente la nulidad de la anterior resolución puesto que, según los letrados, la causa debería ser juzgada por un tribunal profesional.

Los abogados alegaban que en el relato de hechos que la magistrada realizaba en su auto, apuntaba a la posibilidad de que algunos de los imputados hubieran incurrido en un delito de prevaricación -ilícito cuyo enjuiciamiento debe ser llevado a cabo por parte de magistrados- si bien sin imputarles formalmente el mismo. Por el contrario, los delitos que sí les son imputados son competencia del tribunal del jurado.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción imputa delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental y fraude a la administración a los trece encausados.

Entre los imputados se encuentran el exconseller insular de Obras Públicas y Carreteras Antoni Pascual, el exdirector de este ramo Gonzalo Aguiar, el exdirector de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo, y varios de los responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto, considerada la infraestructura estrella del mandato de Unió Mallorquina (UM) al frente de la Institución entre los años 2003 y 2007, cuando el organismo estaba presidido por Maria Antònia Munar.

Según la Fiscalía, después de que el Consell firmase el acuerdo con Pamasa -constituida un mes antes y que a su vez subcontrató los trabajos a la UTE investigada-, los exaltos cargos se prevalieron de su posición en la Administración así como del control directo sobre las obras que se iban ejecutando y sobre el presupuesto destinado a las mismas para llevar a cabo las supuestas irregularidades.

Así, según postula el Ministerio Público, se apoderaron de los fondos del Consell al llevar a cabo obras de reforma en sus domicilios utilizando para ello empresas de la UTE que facturaban a ésta los trabajos particulares; exigieron comisiones a cuenta de los gastos de parte de las obras, y posibilitaron que no se cumpliera lo exigido en los pliegos del concurso hasta provocar, presuntamente, un perjuicio de 41,9 millones de euros que redundó en el beneficio económico de los exaltos cargos y de la empresa adjudicataria.

LAS DEFENSAS NIEGAN EN LA VISTILLA UN DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS

Los abogados de los imputados en el marco de esta causa, cuya operación policial se saldó en marzo de 2009 con la detención de un total de 16 personas, volvieron a negar en una reciente vista un desvío de fondos públicos a fines particulares y que el supuesto desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.

En concreto, los trabajos corrieron a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr).