La apertura de juicio oral contra el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, por un presunto delito de odio, supone una vuelta de tuerca más en la ya delicada situación política del diputado de Vox. La decisión del juez de instrucción de enviarle a juicio por haber roto las fotos de Aurora Picornell y las Roges del Molinar durante el pleno del día 18 de junio del año pasado, aumenta considerablemente la tensión política en la cámara balear.
Pero para dar por sentado que Le Senne se sentará en el banquillo ante un juez de lo Penal de Palma, debe esperarse al pronunciamiento de los magistrados de la Audiencia de Palma sobre el recurso interpuesto por la defensa del presidente del Parlament, al que se adhirió la Fiscalía.
Recordemos que el fiscal especializado en delitos de odio en Baleares no ve indicios de criminalidad en la acción de Le Senne, por lo que únicamente es acusado por la acusación particular y por la acción popular, no por el Ministerio Público. Esto obliga a la Audiencia de Palma a emitir un pronunciamiento definitivo antes de que el proceso siga su curso y haya juicio, o por el contrario se ordene el archivo de la causa.
Es cierto que la situación generada es de enorme tensión política, aumentada con la decisión de Le Senne de no dimitir. Pero antes de que se produzca una decisión sobre la suspensión de funciones del diputado de Vox por la apertura de juicio oral, como plantean los partidos de izquierda, lo prudente sería esperar a que se resuelva el recurso por parte de la Audiencia Provincial.
Entonces, si el recurso de Le Senne es desestimado, será el momento de pedirle que responsabilidad y altura de miras, como ha hecho el portavoz del Govern, Antoni Costa. Pero antes debe pronunciarse la Audiencia. Y en todo caso, no está de más recordarlo, al acusado le ampara plenamente la presunción de inocencia hasta que una sentencia diga lo contrario.