La Asociación en Defensa de la Marina de Llucmajor pide parar el megaparque fotovoltaico

Según su presidenta, María Antonia Compay, “la instalación de 750.000 metros cuadrados de espejos de cristal que equivale a 170 campos de fútbol, la construcción de varias estaciones de transformación y 110 torres de cuarenta metros de altura con cableado de alta tensión, tan altas como la Seo, supone convertir la Marina de Llucmajor en el mayor basurero industrial del Mediterráneo Occidental”.

La Asociación en Defensa de la Marina de Llucmajor-Cap Blanc no está dispuesta a quedarse con los brazos cruzados ante esta “locura y empecinamiento del Govern balear” de sacar adelante un proyecto que colocaría a Baleares en el punto de mira de Europa de “atentar contra el territorio”.

Según argumenta Maria Antonia Company, con la reciente derogación por parte del Gobierno socialista del denominado impuesto al sol se pretende instaurar el derecho al autoconsumo compartido de energías renovables y a la expansión de una situación que será cada vez más habitual “pequeños usuarios que consumen la energía que ellos mismos producen en sus propias viviendas hospitales, edificios públicos, hoteles etc”.

“El Gobierno sostiene que el desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con los límites del planeta y contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica”, ha afirmado Company, quien recuerda que son los propietarios de las fincas de Santa Sirga y Son Crespí los primeros que se han opuesto a la construcción de otro megaparque.

En este sentido, la presidenta de la Asociación en Defensa de la Marina de Llucmajor-Cap Blanc tiene claro que este colectivo no se puede quedar quieto a la vista del cambio normativo y de los planes que tiene el Ministerio de Energía y Turismo de seguir incrementando las interconexiones eléctricas entre la Península y las Islas. “No, no es necesario sacrificar más territorio virgen e intacto para la construcción de otro polígono industrial. Tenemos los ejemplos de los Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura. Ellos se han opuesto, con éxito, al proyecto de instalación de un número indeterminado de torres de alta tensión preservando de esta manera su frágil territorio insular”, ha explicado Company.

El colectivo culpa al Govern presidido por Francina Armengol directamente “de ser el responsable de la destrucción de Sa Marina de Llucmajor, de su riqueza etnológica, agrícola y paisajística al querer convertirla en el mayor basurero industrial del mediterráneo occidental. Es la lamentable herencia que dejó en Mallorca el exdirector general de Energía del Govern de la Sra Armengol”.

En opinión de Company, “afortunadamente han sido los propietarios de las fincas de Santa Sirga y Son Crespi quienes han impedido la construcción de otro megaparque al percatarse que los megaproyectos en tramitación no sólo destruyen el medio, el territorio y el paisaje, sino que acumulan en una o dos manos los centros de producción de energía regándolos adicionalmente de subvenciones y primas (el real negocio de estos nuevos depredadores)”.

La Asociación en Defensa de la Marina de Llucmajor-Cap Blanc pide al Govern balear que “no haga oídos sordos” al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Llucmajor en su oposición y defensa del territorio; facilite la interconexión con el sistema eléctrico peninsular y cancele ya la tramitación de los megaproyectos en curso que tanto daño van a producir.

“No basta con tener buenas intenciones. Todos los ciudadanos son conscientes de la necesidad de reducir las emisiones de CO2, pero eso no implica que se puedan plantear proyectos tan invasivos como éste y comparar su impacto con el que tienen los molinos tradicionales del Pla de Sant Jordi, como hizo el exdirector general de Energía y Cambio Climático, el señor Joan Groizard. ¿De verdad piensan en el Govern balear que la destrucción territorial que acarrea un megaparque fotovoltáico puede ser asumido por la ciudadanía en el futuro como parte del paisaje?”, ha explicado la presidenta. Los acuerdos de París contra el cambio climático instan a los gobiernos a obtener el 100% de su energía de fuentes renovables en 2050. La Asociación de Defensa de la Marina de Llucmajor-Cap Blanc cree que para alcanzar este objetivo es necesario considerar las alternativas ya existentes que no implican la destrucción del paisaje.