La Administración debe estar a la altura del ejemplo ciudadano en el Llevant

La dramática situación vivida en el Llevant de Mallorca requiere el esfuerzo y la colaboración de todos para recuperar la normalidad lo antes posible. La tragedia que ha segado la vida de una docena de personas y ha provocado daños millonarios en la zona, se ha convertido en el peor desastre natural que ha sufrido esta comunidad en su historia reciente. Consciente de ello desde el primer minuto, y ante la magnitud de la tragedia, la sociedad se ha movilizado; desde empresas y particulares anónimos hasta personajes con proyección internacional han dado un ejemplo de solidaridad sin precedentes. Hasta tal punto ha sido así que los equipos de rescate y los centenares de voluntarios han realizado en dos días tareas de desescombro y limpieza que en circuntancias normales habrían tardado casi una semana.

Le corresponde ahora a las administraciones estar a la altura de esta respuesta ciudadana y poner en marcha sin ningún tipo de retrasos las ayudas y las obras que hagan posible reparar todo aquello que fue destruido por la riada. Sólo las vidas perdidas no tienen reparación posible, pero el resto debe convertirse en una prioridad de todos aquellos que tengan competencias en el asunto.

Hay decenas de vecinos que lo han perdido todo, desde los enseres de casas particulares hasta los productos de los comercios que quedaron inundados por las aguas; ha habido carreteras destruidas, coches destrozados y numerosas instalaciones públicas o de suministros inutilizadas. Ante esta situación, resulta certera la actuación del Govern para dotar a los más perjudicados, desde este mismo lunes, de equipamientos básicos como neveras, cocinas, lavadoras, camas o calefactores. La indemnización por todo aquello que esté asegurado pasará a ser competencia del Consorcio de Compensación de Seguros y la declaración de zona catastrófica asegurará subvenciones y ayudas a los damnificados.

En todo caso, son tramitaciones lentas, como lenta es también la reconstrucción de las obras destruidas, especialmente las carreteras. El Consell calcula que las obras de máxima urgencia como las de las carreteras y puentes hundidos tardarán un mínimo de cuatro meses. Sólo las pequeñas adecuaciones se desarrollarán en un plazo de tres a cuatro semanas.

El alcance de los daños ha estado en consonancia con la gravedad de la tragedia, pero su envergadura no puede ser argumento que justifique el retraso de las reparaciones pendientes. Los miles de afectados no son culpables de las construcciones en lugares inadecuados, ni de las disfunciones en la toma de decisiones sobre la gestión de las emergencias que algunos denuncian, ni del oportunista uso político que otros quieran hacer de este asunto. Ellos deben ser la prioridad de todos, recibiendo una respuesta rápida y efectiva a sus demandas.