Jueces y fiscales baleares no descartan ir a la huelga en defensa de sus reivindicaciones

Representantes de dos asociaciones de fiscales y tres de jueces de las islas se han concentrado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en respaldo de catorce propuestas de las principales asociaciones sobre medidas políticas y legislativas necesarias para mejorar el estado de la Justicia.

Han explicado que habrá una concentración próximamente en Madrid como primera medida de protesta porque sus reivindicaciones no han sido atendidas por el Ministerio y que posteriormente han convocado paros parciales de una hora (entre las 12 a 13 horas) los jueves de cada semana mientras no haya una respuesta satisfactoria a las reivindicaciones y para las que todavía no hay una fecha concreta de inicio pero que comenzarán este mes.

La magistrada Catalina Martorell, de Jueces para la Democracia en Baleares, ha asegurado que no se descarta la huelga, y ha pedido transparencia en los nombramientos por méritos y capacidad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. "Necesitamos más jueces y fiscales", ha reclamado y ha recordado que España tiene una ratio de jueces por habitantes muy inferior al resto del a UE.

Por su parte, en nombre de la Asociación Profesional de la Magistratura, la magistrada Carmen González ha señalado que le expediente digital genera muchos problemas diarios por lo que es necesaria su mejora.

José Díaz Cappa, de la Asociación de Fiscales ha solicitado "una acometida inmediata de temas fundamentales en la Justicia como son la especialización y el expediente digital".

"Para esto necesitamos muchos más funcionarios, ahora mismo no podemos trabajar con una absoluta inestabilidad de personal y un ajuste de medios absolutamente insostenible e inasumible, y con un sistema de sustituciones y refuerzos que de ninguna manera permita abarcar de forma decente la importante labor que asumimos", ha afirmado.

PAROS PARCIALES CADA SEMANA

Los jueces y fiscales plantean paros semanales cada jueves de 12.00 a 13.00 horas, que comenzarán después de una concentración central en Madrid a la que todavía no se ha puesto fecha.

Martorell ha aclarado que antes de llegar a este punto se han mantenido varias reuniones en las que "no se han dado soluciones" ni se ha planteado "ninguna propuesta", lo que, a su juicio, pone de manifiesto que el Gobierno "no demuestra interés".

INDEPENDENCIA JUDICIAL

Entre las reivindicaciones de los jueces y fiscales figuran varias encaminadas a garantizar la independencia judicial. Martorell ha recordado que el poder judicial debe ser independiente del legislativo y el ejecutivo, por lo que consideran que la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe hacerse "por jueces y magistrados, sin interferencias políticas".

Por ello, las asociaciones convocantes plantean una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la retirada de enmiendas a la misma "que coartan el ejercicio de la función judicial" y la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos. También recalcan que el CGPJ "debe amparar de modo efectivo" a los jueces "de cualquier ataque que afecte a su independencia".

En lo que respecta a las condiciones profesionales, piden entre otras medidas recuperar el nivel salarial "perdido en 2010" y adecuar las retribuciones; modificar la ley en lo relativo a permisos y medidas de conciliación; recuperar el régimen de vacaciones y permisos; e implantar cargas máximas de trabajo.

"Reclamamos que se nos devuelva lo que se nos ha quitado", ha explicado Martorell, que ha acusado al Gobierno de "incumplir lo que prevé la normativa".

EXPEDIENTE DIGITAL

Los jueces y fiscales participantes en el acto han coincidido en advertir que los Juzgados "no están preparados" para asumir nuevas tecnologías como el expediente digital y que "se están produciendo muchos defectos". Por ello, piden un proceso de digitalización "adecuado" o incluso paralizar la implantación de la Justicia digital mientras no se garantice su correcto funcionamiento.

Otras reivindicaciones son la dotación suficiente de medios personales y materiales, convocando al menos 300 plazas de jueces y fiscales anualmente los próximos cuatro años para equiparar la plantilla a la media europea por habitante; modernizar los edificios; o un plan de inversión "suficiente y prolongado", entre otras reclamaciones.