Sillas, parasoles, colchones, mantas, neveras, todo tipo de enseres y muchos desperdicios y restos de hogueras. Este es el singular ajuar que conforma el asentamiento que un grupo de personas sin techo ha instalado en la playa de Ca’n Pere Antoni de Palma desde hace unos días. Los vecinos y usuarios de la zona han denunciado la situación ante las molestias que supone una práctica de este tipo, flagrantemente ilegal, en la principal playa urbana de la ciudad.
Cort se ha desentendido del problema alegando que es una cuestión de la Delegación del Gobierno al estar ubicado en la playa. En todo caso, el asentamiento persiste y sus ocupantes se hallan decididos a permanecer en la extensa zona de playa ocupada porque, aseguran, en los albergues sociales no encuentran sitio.
El hecho ocurre en plena temporada turística en la capital de uno de los principales enclaves mundiales del turismo, frente al recién estrenado Palau de Congressos; en la misma zona donde el Ayuntamiento da servicio de duchas a los bañistas y donde a las empresas con concesiones municipales se les exige el cumplimiento de las ordenanzas municipales, incluida la limpieza de la zona.
La administración, independientemente de cómo estén asignadas las competencias no puede tolerar prácticas de este tipo. La condición social de los protagonistas tampoco es argumento para dejar impune este tipo de actuaciones. A ningún ciudadano se le permite acampar en las playas por lo que resulta incomprensible que se permita un campamento ilegal que con el paso de los días ha ido tomando forma de asentamiento.
Delegación del Gobierno o el Ayuntamiento deben tomar cartas en el asunto y actuar como se espera de las administraciones que ordenan la vida ciudadana, sin perjuicio de que el grupo de personas ‘sin techo’ sea debidamente atendido por los servicios sociales. No hacerlo es despreciar el orden y el cumplimento de la ley al que se ven sometidos la generalidad de los ciudadanos.