Las obras de adecuación de la salida de Palma en dirección al aeropuerto en pleno verano añaden un elemento más de conflicto a los atascos que sufren los vehículos que diariamente transitan por esta zona.
Durante los meses de junio y julio, el carril izquierdo de la autopista permanecerá cerrado al tráfico en el tramo comprendido entre la calle Manuel Azaña y el Torrent de Barbarà. Es únicamente un kilómetro de vía, pero su ubicación estratégica hacen de este tramo un punto especialmente sensible para la movilidad de la capital ya que es la puerta de entrada de todo el flujo rodado desde Playa de Palma y el Migjorn. Cada día -sin contar la temporada alta- circulan 70.000 vehículos por dicho tramo, lo que proporciona la dimensión real que supone la decisión de reducir carriles.
El proyecto puesto en marcha por el Consell de Mallorca trata de "humanizar" la actual vía rápida. Para ello, las obras prevén añadir un bulevar, recuperar la conexión del polígono de Levante con el frente marítimo, ampliar la acera del Palau de Congressos, reducir la velocidad de los vehículos que entran en Palma de 90 a 80 kilómetros por hora y dotar el entorno de más ajardinamiento.
Si además de "más humana" -en términos de quienes han proyectado la obra-, la zona resultante es fluida desde un punto de vista circulatorio, habrá sido acierto. Si, por el contrario, el proyecto no resuelve el eterno atasco de la zona y no va acompañado de la finalización de los accesos a la capital, todo embellecimiento urbanístico y estético de este tramo no servirá de mucho.
Independientemente del resultado final, sorprende la elección de las fechas para llevar a cabo estas obras: en el inicio de la temporada alta, con afluencia máxima de turistas y el aeropuerto a plena actividad. Ha habido muchas fechas a lo largo de los últimos meses para emprender estas obras, por lo que es incomprensible que se hayan elegido las de mayor concentración de vehículos. Ocurre con otros proyectos -como la carretera hasta Campos-, circunstancia sólo comprensible por los retrasos producidos en la toma de decisiones de los políticos; retrasos que, al final, acaban repercutiendo en la vida de los ciudadanos.