En un acto del PSOE, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, calificó de “vergüenza” la sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras revisar la condena de la Audiencia de Barcelona al exfutbolista Dani Alves. Recordemos que Alves fue condenado a cuatro años y medio de prisión por la comisión de un delito de agresión sexual a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022.
La también vicesecretaria general del PSOE y líder de esta formación en Andalucía, dijo exactamente: “Es una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes”.
La crítica de Montero pone entredicho un principio fundamental del Estado de Derecho
La crítica de Montero excede lo que podría considerarse razonable, pues no se limita a manifestar su desacuerdo u oposición a un pronunciamiento judicial del TSJC. Va mucho más allá, al poner en entredicho un principio fundamental del Estado de Derecho como la presunción de inocencia, que consagra el artículo 24 de la Constitución.
El TSJC estima por unanimidad de los cuatro integrantes del tribunal (tres mujeres y un hombre) el recurso de Alves y le absuelve del delito al que fue condenado en primera instancia y por el que estuvo en prisión preventiva 14 meses, tras considerar insuficientes las pruebas presentadas. El tribunal aprecia inconsistencias en el testimonio de la denunciante y enfatiza la importancia de la presunción de inocencia, a falta de pruebas concluyentes.
Las palabras de Montero han levantado una enorme polémica, especialmente en el mundo jurídico, al interpretarse como un ataque directo del Gobierno (Poder Ejecutivo) a un tribunal (Poder Judicial). También el PP, a través de su secretaria general, Cuca Gamarra, criticó a la vicepresidenta del Ejecutivo por su ataque “populista” contra los jueces y de obviar principios democráticos básicos.
El respeto a las resoluciones judiciales es un pilar fundamental de cualquier democracia. Si bien es legítimo debatir y discrepar de las sentencias, hacerlo siendo la vicepresidenta del Gobierno y con argumentos radicalmente contrarios a la Constitución, resulta inaceptable y motivo de preocupación para el conjunto de la ciudadanía.
Pretender que el testimonio de una mujer debe primar sobre las garantías procesales supone invertir la carga de la prueba
La lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas son objetivos irrenunciables que requieren del compromiso de toda la sociedad. Sin embargo, este compromiso debe materializarse dentro del marco del respeto al Estado de Derecho y a los principios constitucionales. Cuestionar la presunción de inocencia o pretender que el testimonio de una mujer debe primar automáticamente sobre las garantías procesales, supone un delirante intento de invertir la carga de la prueba en un proceso penal, lo que acerca al país de forma peligrosa y alarmante, a sistemas dictatoriales e inquisitoriales.
La sentencia de TSJC no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Por ello, las palabras de la vicepresidenta Montero suponen una injerencia política de extraordinaria gravedad en un caso todavía judicializado. La imprudencia cometida por alguien que ocupa tan altas responsabilidades gubernamentales, hace imposible su continuidad en el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. A no ser que él mismo respalde la opinión de Montero sobre la presunción de inocencia, algo que situaría al Gobierno en una posición incompatible con la democracia y el Estado de Derecho.
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